"Hoy por hoy las personas de grupo de riesgo deben ser aisladas, separadas, y una de las alternativas que se encuentran es que la prisión sea cumplida en otro régimen que no sea dentro de la cárcel. Creo que hay una tensión y un interés de mostrar esto como que van a abrir las puertas para que salgan los delincuentes", definió la docente Analía Umpiérrez, sobre el debate que por estas horas se da en los medios nacionales acerca de los beneficios que otorgan a los presos en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

Umpiérrez, coordinadora del programa de Educación en Contexto de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales, planteó en una entrevista con Canal Local que "es cierto que hay personas que son asesinas, es cierto que hay femicidas, es cierto que hay muchas personas detenidas por delitos de violencia sexual. Pero más del 60 por ciento de los detenidos de la provincia son por delitos de la propiedad, esto significa que no son delitos violentos y en muchos casos son delitos menores".

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Azul, el doctor Gastón Argeri, explicó que "hay que analizar que los jueces son objetivos en el sentido de decir si una persona condenada por violencia de género vuelve a su casa esto pondría en riesgo muchísimo más a una víctima. Se pone el ojo en aquellas personas que puedan cumplir una prisión domiciliaria, no ante cualquier delito y cualquiera que lo pida".

Argeri, en comunicación con Canal Local, indicó que, en comparación a los departamentos judicial del conurbano bonaerense, "nuestro departamento judicial ha sido bastante restrictivo en disponer prisiones domiciliarias". Se trata de decisiones que resuelven jueces de garantías, tribunales o jueces de ejecución "que son bastante uniformes, porque están relacionados con el lineamiento y sentencias que ha dictado la Cámara Penal Departamental".

"Los recaudos que se están tomando son para evitar la situación de contagio. Las unidades penitenciarias en nuestro departamento judicial están sobrepobladas y los servicios sanitarios de las unidades penitenciarias están desbordados también, ahí está el riesgo al que hay que apuntar. Obviamente que acá está en juego el derecho a la salud, el derecho a la vida y el debate de cumplir la condena. Frente a esa cuestión se va a parar un juez dependiendo el caso", agregó Argeri.

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