Lo llamativo del planteo no es solamente el relativamente acotado plazo otorgado para la obtención de las respuestas, sino que la postura provino desde el propio Poder Judicial de la Provincia. "La emergencia de seguridad ha fracasado", sentenció Héctor Vitale en diálogo con EL POPULAR, revalidando lo sostenido días atrás. Sin embargo, fue más lejos en su análisis y sostuvo que el balance negativo que él considera es tanto en la propia materia de seguridad como en el aspecto legal.

A esto último atribuye el justificativo de la postura adoptada desde la Suprema Corte. El dato no menor que vale recordar es que una de las directivas que se emanó desde el Ejecutivo provincial, más precisamente desde la cartera de Seguridad que encabeza el ministro Alejandro Granados, fue la de la apertura de 200 calabozos que por diversos motivos habían sido clausurados durante los años 2010 y 2011.

La situación que no se puede eludir es el correlato que la continuidad de esa prohibición tuvo sobre cada uno de esos espacios en cuanto al deterioro. A la par, cada uno de esos lugares presentaba condiciones en cuanto a higiene y dimensiones que ya de por sí no los hacían aptos para alojar personas. Nada de eso fue tenido en cuenta y esos sitios fueron colmados por personas judicializadas, quienes permanecerían en condiciones de hacinamiento.

Todo esto para nada fue pasado por alto desde la Suprema Corte, que en la primera parte de la resolución sostiene que la requisitoria también se basa en "la evolución ascendente de indicadores de detención, con considerable aumento en el período enero - mayo 2014 del total de personas privadas de la libertad y especial incremento de los detenidos alojados en dependencias policiales".

Si bien Olavarría no fue parte de esa medida, alcanzó a otras sedes de seguridad de la región. Asimismo, la prohibición decretada años atrás dejó a nuestra ciudad sin lugares habilitados para alojar a personas judicializadas, lo cual deja nuevamente ante una problemática que ha sido aludida en numerosas ocasiones pero que nunca ha tenido avances concretos.

En ese sentido, quien levantó nuevamente el estandarte sobre la situación y la necesidad de creación de alcaidías fue el senador provincial por el Frente Renovador Héctor Vitale. En primera instancia criticó severamente la postura de creación de este tipo de lugares de detención que habrían sido improvisados en distintas sedes carcelarias de la región, en las cuales se habrían destinados distintos pabellones para tal fin. Esa situación habría alcanzado no sólo a una de las unidades de Sierra Chica, sino también a la Unidad Nº 30 de General Alvear, adonde frecuentemente se envían personas detenidas de Olavarría.

El ex secretario de la Jefatura de Gabinete local recordó la promesa realizada hace no mucho tiempo en la cual se afirmaba la creación de una alcaidía por departamento judicial, lo cual hacía renacer aquel proyecto que daba cuenta de una alcaidía en Sierra Chica. No obstante, sobre esa situación las promesas todavía persisten en el plano verbal.

Vale recordar que desde el massismo provincial hace sólo unos días se dio lugar a la presentación y elevación de un exhaustivo pedido de informes con motivo del cumplimiento de los 120 días de vigencia de la emergencia de seguridad. Se exigió, precisamente, la entrega de un detalle acerca de todo lo actuado en los últimos meses en el marco de esta agudización de las posturas políticas en materia de prevención y seguridad. Obviamente, la requisitoria fue planteada desde un tenor crítico, dando cuenta de una clara disconformidad por lo hecho.

La otra parte del planteo del Frente Renovador fue la solicitud de que la Gendarmería retorne al terreno bonaerense. Vale destacar que tanto de estas dos cuestiones como lo presentado por la Suprema Corte, aún no se ha tenido o difundido respuesta alguna.