A la salida del encuentro, uno de los letrados querellantes Néstor Rodríguez (el otro es Raúl Kuhn) dialogó con la prensa lamatritense y mostró satisfacción con lo convenido.

"Este es un día importante porque es un problema de larga data y hemos tenido un buen final", resumió el abogado y resaltó que "por distintas vicisitudes no fue cumplida la entrega del premio y después de casi 23 años se pudo llegar a un acuerdo".

En ese marco Rodríguez subrayó que "en los últimos dos años pudimos tener otro tipo de diálogo con la Municipalidad y llegamos a buen puerto, con la culminación de un acuerdo en el que trabajamos con el intendente y el equipo de letrados actuales".

"Tuvimos la posibilidad de diálogo y con la muy buena predisposición del señor Fernández para allanar el camino y La Madrid pueda hacer frente a esta cuantiosa deuda, que significa un justo equilibrio para las partes", resumió el profesional. El acuerdo económico, que fue aprobado por el Honorable Concejo Deliberante días atrás, indica que la Municipalidad erogará más de 20 millones de pesos a Fernández y sus abogados pagaderos en cuotas mensuales.

En el año 1996 la cooperadora de la Escuela N° 9 comenzó una campaña de socios protectores a través de "La Chacarera de la suerte", una rifa que organizaba la firma "Sosa Hnos.". En la última jugada se sorteaba un importante premio cuyo ganador resultó el señor Roberto Daniel Fernández, quien nunca lo cobró e inició acciones legales.

La rifa "La Chacarera de la suerte" se sorteó en 1997 y la sentencia definitiva, en contra de La Madrid es de 2011; desde ese momento comenzó el proceso de adecuación monetaria del premio. En octubre del año pasado se logró un acuerdo en lo económico y faltaba la instrumentación burocrática administrativa. A partir de abril comenzarían a devengarse los pagos de la primera cuota. Mañana miércoles será presentado el acuerdo en los juzgados de Azul para que los homologue "y a partir de ahí nace el acuerdo de pago que ya hemos pactado".

Fernández cobrará la totalidad del dinero en un año, en cuotas mensuales con una actualización de intereses que definió la Justicia y el Tribunal de Cuentas.

"La sentencia condena al Municipio por un incumplimiento de contrato. El objeto del juicio fue el incumplimiento de la entrega del premio que en aquel entonces consistía en un equipo de chacra que no se fabrica más y que debió actualizarse y culminó a fines del año pasado que se actualizó al 31 de diciembre en casi 16 millones de pesos", detalló Rodríguez.

"El señor (Martín) Randazzo es el tercer intendente desde entonces y el quinto mandato, en los cambios políticos cambiaron equipos técnicos y jurídicos, con algunos hubo posibilidad de diálogo y con otros no", reiteró el profesional olavarriense y valoró el trabajo de los Doctores María Fuhr y Nicolás Murici.

Rodríguez evitó la definición de "estafa" y explicó que la condena civil por incumplimiento del contrato recayó sobre los integrantes de la Cooperadora de la Escuela N° 9 como organizadores y el Estado, que deberá hacerse cargo de solventar la cuantiosa deuda.

"Hay otro responsable más que es la persona que le vendió la rifa y quien orquestó la maniobra para que él le confiara la devolución del cartón", añadió el abogado.

La sentencia condena a la Municipalidad por un decreto firmado por el entonces intendente Juan Carlos Pellitta.

"Cuando la Municipalidad autoriza la celebración de un acto es responsable por lo que está autorizando. Ese decreto fue declarado ideológicamente falso. Decía que la Municipalidad había recibido los números no vendidos previamente al sorteo lo cual no fue cierto", sintetizó Rodríguez y explicó que Fernández tenía el número en su poder y a través de un ardid lo entregó al vendedor en buena fe pero lo engaño.

"La responsabilidad de los funcionarios de aquel momento es un resorte exclusivo de la Municipalidad o del tribunal de Cuentas a ver hasta dónde actuaron dentro del marco legal o no, nosotros no los demandamos porque no teníamos elementos; nosotros teníamos elementos la falsedad del decreto porque formalmente era real, estaban las firmas del intendente y de los secretarios pero no teníamos a prima facie para decir que lo que estaba conteniendo", aclaró.

Respecto a la firma organizadora el abogado aclaró que "no teníamos elementos más allá de que presumíamos que la firma Sosa Hermanos era organizador. No teníamos el contrato ni elementos para acreditar que tal persona o jurídica era responsable de la organización".

"El (Fernández) está satisfecho porque prestó consentimiento a este acuerdo que pone paños fríos al conflicto, quedan tranquilas las medidas cautelares, confiamos en la Municipalidad y por eso se le da el tiempo; hay muy buena predisposición de Fernández en el sentido de darle un corte al conflicto", apuntó el letrado.

En adelante solo resta el consentimiento final de la Justicia sobre el acuerdo y a partir de abril la Municipalidad deberá desembolsar los pagos mensualmente de la suma millonaria que, se estima, rondará los 22 millones de pesos.