Hace unas dos semanas fue entregado el informe al juez Carlos Villamarín, quien tendrá la última palabra acerca de los pasos a seguir para dar por finalizada la toma. Mientras tanto, si bien desde los primeros días los vecinos entendieron que podían llegar a ser desalojados, e incluso manifestaron públicamente que no se resistirían a esta medida, cada vez son menos las familias que pueden sostener la permanencia en los terrenos usurpados.

Se suma a esto que hace varias semanas también se estableció un estricto control policial para evitar que avancen los trabajos en los lotes y que, en principio, continuará en el sector hasta que se conozca la resolución del juez de Garantías.

Son al menos 8 los patrulleros de distintas dependencias policiales que permanecen apostados sobre la avenida de los Trabajadores en el cruce con calle 15 y en las inmediaciones del predio donde llegaron a instalarse más de 100 familias. Distintas fuentes consultadas por EL POPULAR indicaron que la mayoría de los móviles policiales pertenecen a la Estación de Policía Departamental de Seguridad Olavarría, y forman parte de las dependencias de las localidades y la comisaría Primera.

Además prestan colaboración dos móviles de la Dirección de Control Urbano Municipal, en este caso para el corte de las calles. Se suman también motocicletas de Policía Local y personal del área de Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental.

El principal bloqueo al tránsito está ubicado en Trabajadores y calle 15, sector en el que impiden el paso de la mayoría de los automovilistas, lo que ha generado el malestar de muchos vecinos que se dirigen a zonas cercanas o al Cementerio Loma de Paz, y que deben desviarse hasta la ruta nacional 226.

Esta medida se tomó luego de que el Juzgado de Garantías ordenara aplicar el "Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad", promulgado en abril de 2019 por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, los agentes policiales inspeccionan que no ingresen herramientas o elementos de construcción a los predios para evitar que se continúen las obras mientras se espera la medida de la Justicia.

En el ítem f) del apartado sobre el "Mandamiento de desalojo y acta conminatoria" de dicho Protocolo se establece que "de evaluarse -según las características del caso- la conveniencia de disponer una consigna policial en el lugar de los acontecimientos, con el objeto de evitar que personas distintas de aquellas que figuren en el censo original ingresen al inmueble presuntamente usurpado, como así también para impedir la entrada de elementos que no se encuentren inventariados, deberán impartir las órdenes de actuación pertinentes que sean acordes a los principios rectores de este protocolo".

Corte y reclamos

"Cortejo fúnebre y esenciales", se dijo acerca de quiénes son los que pueden pasar por el corte de tránsito de la avenida de los Trabajadores, a metros de los terrenos que fueron usurpados a principios de abril. Para evitar que pasen otros vehículos o personas, permanecen fijos los controles policiales, que también se ubican en uno de los arcos del Camino de los Peregrinos.

La extensión en el tiempo de la interrupción en el tránsito ha provocado el malestar de varios vecinos de Olavarría, algunos de los que pasaban por ese sector de manera frecuente por situaciones laborales o particulares. El desvío obligado es dirigirse hasta la ruta nacional 226, y luego volver a ingresar a través del camino lindero al Cementerio Loma de Paz.

"La verdad que es muy molesto que para ir a Loma de Paz tenga que desviar por la ruta o por calles de tierra, cuando por Trabajadores tenemos asfalto. ¡Un trastorno!", publicó una vecina en redes sociales. Otra persona indicó que "una vergüenza que corten el tránsito, siempre se jode al ciudadano que cumple. Dicen que cada vez hay más gente, entonces ¿qué hace la policía?".

Un hombre planteó: "Déjense de joder y liberen la calle. Yo paso en bici a laburar por allí y ahora tengo que ir por ruta y con la niebla matinal es tremendamente peligroso". También otra persona expresó que en los primeros días "podías pasar al cementerio por la banquina, ahora no. Que mal está que corten así la calle si la gente va por otros lados".

Quienes son rehenes también de esta situación son las autoridades del área de Seguridad y de la Policía bonaerense, quienes deben poner a disposición para el operativo en el barrio Lourdes casi una decena de móviles y una cantidad mayor de personal, que en circunstancias normales debería cumplir otras funciones y dedicarse al patrullaje de las calles de la ciudad y las localidades.

Los protagonistas

"Nadie los ha citado o acercado. Todo sigue igual", expresaron desde la toma algunos de los vecinos que aún permanecen en los lotes usurpados. Si bien cuando se realizó el censo a mediados de abril se detectó la presencia de más de 100 familias, ese número se redujo poco a poco, principalmente por la imposibilidad de muchas personas de sostener una medida de estas características.

En varias oportunidades los vecinos que encabezan la usurpación realizaron solicitudes al Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo Deliberante, pero en ninguna de estas situaciones tuvieron respuestas. Incluso cuestionaron que en la audiencia en la que participaron funcionarios de distintos estamentos no se dio lugar a la participación de los propios vecinos.

"Después del censo no apareció más nadie de nadie", indicaron con claridad sobre lo que sucedió en la segunda mitad de abril. "Hay por lo menos cuatro familias que están acampando ahí, y el resto sigue yendo. Son menos que al principio pero unas 30 familias son seguro", refirieron a este Diario.

"Es muy difícil estar ahí, sobre todo cuando la mayoría vive el día a día. Si no trabajan no comen ni pueden pagar alquiler. Y si hacen eso no pueden estar en la toma. Es difícil y desgastante", agregó una persona cercana a quienes participan de la toma. En todos los casos se espera, así, la resolución del juez de Garantías Carlos Villamarín.