El procedimiento se realizó en un domicilio de Islas Malvinas entre Lisandro de la Torre y Elpidio González, vivienda en la que secuestraron siete teléfonos celulares, un CPU y un pen drive, elementos que serán sometidos a pericias.

La causa dio inicio el 30 de octubre del año 2019, a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por su sigla en inglés) de los Estados Unidos. En el mismo se alertó que a través de la red social Instagram un usuario había distribuido material que representaba a un menor de 18 años en una situación sexual.

Ese reporte fue derivado a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 22 del Departamento Judicial de Azul, que coordina el fiscal Lucas Moyano, y desde donde se iniciaron las investigaciones junto con personal del Grupo Operativo y el Gabinete de Medios Tecnológicos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Azul.

A través de esta investigación se logró vincular el usuario de la cuenta de Instagram con un correo electrónico y un teléfono celular, y estas pesquisas derivaron en el allanamiento del barrio Carlos Pellegrini. Se indicó que la persona sindicada es un joven de 22 años que vive en ese domicilio.

Las instrucciones fueron enmarcadas en el artículo 128 del Código Penal de la Nación, que establece penas de entre 3 y 6 años de prisión para quien "produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales (...)".