Un mes y medio después del sorpresivo anuncio en Casa Rosada Alberto Fernández estampó la firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado a última hora de la tarde en el Boletín Oficial con el que dio oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de Vicentin, argumentando una "obstrucción" empresarial y judicial y con fuertes críticas a los accionistas de la compañía.

"Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo", explicó el Presidente a través de Twitter.

Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T

- Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020

De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y "el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía", resaltó Fernández en las redes sociales mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de publicar el decreto en el Boletín Oficial.

Desde su anuncio, que sorprendió incluso a algunos sectores del Frente de Todos por lo intempestivo, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla político y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.

Concejales debatieron por 7 horas, 2 dedicadas a la expropiación de Vicentin

Ayer, por caso, los directores de la agroexportadora rechazaron la renuncia al directorio y la cesión de sus acciones para la conformación de un fideicomiso, tal como había tratado de instrumentar el gobierno santafesino en un plan que había llevado a la mesa de propuestas Perotti. El secretario de Justicia de esa provincia anunció entonces que se retiraban de las negociaciones.

Tras el traspié legal y político de ayer, el juez de la quiebra quedó a cargo de la resolución del pleito.

Además de la quiebra, el juez federal Julián Ercolini lleva adelante una investigación por supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación. Tanto la entidad oficial como la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron aceptadas como querellantes por la cámara.

El gobernador se había involucrado activamente en las negociaciones con los representantes de la compañía, con sede en Reconquista, después del anuncio presidencial y de que el Gobierno no lograra encausar la intervención y posterior expropiación. De hecho, la Casa Rosada nunca envió al Parlamento el proyecto.

"En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", insistió el jefe de Estado, que aseguró además que dio instrucciones a "todos los organismos públicos involucrados" para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para "preservar los intereses del Estado"

Fuente: Infobae.com