Como consecuencia de la denuncia presentada por El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la Justicia toma cartas en este asunto. El gobierno anuncio esta hace unos días la decisión de aplicar recortes en internaciones y la guardia. Trabajadores , familiares de pacientes, pacientes y publico en general protestaron contra la medida oficial. Por su parte el Gobierno aseguró la continuidad de los tratamientos.

El cierre del hospital ha sido denunciado por trabajadores y diferentes organizaciones que defienden el derecho a la salud mental, argumentando que la decisión pone en riesgo la atención de cientos de pacientes. 

Desde el Gobierno confirmaron que algunos servicios de internación y de guardia se recortarán, pero garantizó la continuidad de los tratamientos para los pacientes que están bajo cuidado del hospital. Sin embargo, la falta de un plan concreto sobre las posibles derivaciones o reubicaciones de los pacientes internados genera incertidumbre entre los profesionales de la salud y las familias de los afectados.