De acuerdo a la información que publica el sitio web oficial de Casa de Gobierno, "el gobernador José Manuel de la Sota dispuso la cesantía y separación de la Fuerza, de personal de la Policía de Córdoba y del Servicio Penitenciario, retirado y en actividad que incurrió en conductas de insubordinación e indisciplina".

El mandatario, en ejercicio de las facultades que otorga la Ley  10.187 (Ley Antimotines), entiende que el accionar de los efectivos afectan el prestigio de la institución, que están tipificadas en la mencionada normativa.

Los efectivos habían sido detenidos el sábado cuando participaban de una reunión informativa en un bar de la ciudad de Villa María, a los efectos de promover la creación de una entidad sindical que los agrupe, posibilidad prohibida por ley en Córdoba a partir de los hechos de acuartelamiento ocurridos en diciembre último.

El decreto del Poder Ejecutivo expresa que las personas involucradas, "en el marco de un acto de carácter gremial o sindical no autorizado para el personal policial y expresamente prohibido para el personal penitenciario, participaron de una posterior situación violenta, hostil y tumultuosa, avalando las agresiones físicas y descalificaciones verbales hacia los superiores que se apersonaron en el lugar".

El texto oficial añade que esas inconductas "son consideradas una falta gravísima ya que importan el quebrantamiento voluntario y deliberado de la sujeción al mando de las autoridades de la fuerza y al régimen jurídico y disciplinario a los que se encuentran sometidos, afectando el buen nombre y prestigio de la Institución Policial y Penitenciaria".

Consecuentemente "es decisión del Poder Ejecutivo disponer la sanción segregativa y la consecuente baja de la institución del personal que participó de estos actos de indisciplina".

Finalmente deja claramente establecido que "el personal retirado que participó de estos hechos dejará de pertenecer a la fuerza y perderá todos los derechos que las leyes y decretos reglamentarios le otorgan, con excepción de los derechos previsionales y asistenciales adquiridos", concluye el instrumento de Gobierno.