María Cristina Varela declaró que el 10 de julio de 1976, tras la jura a la bandera, a su hermano le dieron 10 días de licencia y luego se reintegró a la unidad; al día siguiente un conscripto se presentó para informar a los padres que su hijo faltaba desde ese mismo día.

El joven militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se incorporó al servicio militar el 28 de febrero de 1976, fue destinado al Batallón de Comunicaciones, Comando 101 de Campo de Mayo y desapareció el 20 de julio de ese año, siendo caratulado como desertor cinco días después.

En su declaración realizada ayer, María Cristina Varela contó también que sus padres se presentaron en Campo de Mayo para tener noticias y las autoridades les dijeron que su hijo se había incorporado y ese mismo día, el 20 de julio, había sido enviado en comisión a un taller mecánico cercano a la puerta 4 de la Guarnición Campo de Mayo y que no había vuelto.

María Inés Monzani, pareja del joven en 1976, declaró que el 21 de julio había recibido un llamado de la familia en el que le preguntaban si José Manuel estaba con ella.

Le comentaron también, que ante su pedido de información, las autoridades de Campo de Mayo le habían informado que le fue encomendada una misión a un taller ubicado en la puerta 4 y que no había regresado. Monzani destacó que le llamó la atención que lo hubieran enviado a un taller ya que la víctima no manejaba.

El debate oral que comenzó el 2 de mayo de 2019 está integrado por una acumulación de causas que tramitaron la etapa de instrucción por separado y que fueron unificadas en un juicio único.

Los delitos de lesa humanidad investigados se cometieron en los centros clandestinos de detención El Campito, Hospital Militar, La Cárcel de los Encausados y Las Casitas, contra 323 víctimas, 14 de ellas embarazadas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense es querellante en la causa, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, integrado por Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega.

A los 18 imputados en la causa se los acusa de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones y apropiación de niños.

Unos 750 testigos declararán en el proceso de la megacausa Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos de detención más grande, por el que se estima que pasaron 5 mil víctimas durante la última dictadura. (Télam).