Tres jóvenes fueron detenidos en Argentina, acusados de ser responsables de al menos 30 amenazas, incluyendo algunas de bomba, dirigidas contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes, jueces, funcionarios públicos y el búnker del partido político Unión por la Patria. Estos incidentes ocurrieron en los últimos dos meses y han generado pérdidas millonarias debido a la suspensión de servicios de transporte. De acuerdo a fuentes policiales y judiciales, uno de los jóvenes tiene antecedentes por estafa y es hijo de un suboficial retirado de la policía bonaerense. Se les atribuye el envío de amenazas a las estaciones de tren de las líneas Roca y Sarmiento, así como al subte porteño.

 También se los vincula con intimidaciones recibidas en el búnker del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante las últimas elecciones presidenciales, y al juez Federal Ariel Lijo, quien se encontraba de turno. Estas detenciones representan un avance importante en la lucha contra este tipo de delitos y demuestran el compromiso de las autoridades en garantizar la seguridad y el orden público. Se espera que los responsables sean llevados ante la justicia y se les impongan las sanciones correspondientes por sus acciones ilícitas

.Los arrestos se llevaron a cabo en la noche del jueves en diferentes domicilios del conurbano bonaerense. Los efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) trabajaron bajo las órdenes del juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Julián Ercolini. Según fuentes consultadas por Télam, uno de los detenidos es Facundo Maximiliano Martínez (18), hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad. Fue arrestado en la localidad bonaerense de Llavallol, acusado de formar parte del grupo conocido como "La mafia del Hentai", haciendo referencia a un animé japonés de contenido pornográfico.

 Los otros dos sospechosos son Matías Manuel Danco y Leandro Gonzalez. Los tres detenidos están siendo alojados en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, ubicada en Madariaga al 6900, en el barrio porteño de Villa Lugano. Allí esperan ser trasladados a los tribunales federales de Retiro para ser indagados por el juez Ercolini, entre este viernes y el sábado, según informaron voceros judiciales a Télam.

La investigación

La investigación se inició el día de las elecciones generales del 22 de octubre pasado, cuando se recibieron amenazas telefónicas en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita. Tras ello se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales de la PFA para que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen. Sin embargo, a los tres días de iniciada esa investigación, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de la pesquisa, detallaron los informantes consultados por esta agencia.

 Los detectives expertos en comunicaciones de la PFA lograron establecer que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común -que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana-, las que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.

Según informaron fuentes cercanas a la investigación, un grupo de individuos se dedicaba a realizar actividades ilegales relacionadas con el hacking de las cuentas de los clientes de una empresa. Estos individuos, sin el consentimiento de los afectados, gestionaban nuevas líneas telefónicas a nombre de los clientes y las vendían en el mercado negro de la "Deep Web". 

Uno de los sospechosos adquiría estas líneas fraudulentas a nombre de terceros y utilizaba redes wifi públicas para realizar llamadas intimidatorias, evitando así ser rastreado. Sin embargo, los detectives lograron identificar patrones comunes de conexión y, a través de múltiples intervenciones telefónicas en tiempo real, lograron identificar y localizar a los responsables.

 Según allegados a la investigación, se han identificado al menos 30 casos de amenazas relacionadas con los detenidos. Uno de ellos, al ser capturado, manifestó a las autoridades ser una persona "peleada con el sistema". Además, las fuentes informaron que justo antes de los allanamientos y arrestos, se había concretado una amenaza contra el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.