A pesar de la oposición del oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción un proyecto que busca garantizar el financiamiento de las universidades públicas, las cuales han sufrido recortes presupuestarios desde que Javier Milei asumió el gobierno. La propuesta, impulsada por la UCR, insta al Poder Ejecutivo a actualizar cada dos meses, de forma retroactiva y ajustada por la inflación, los gastos salariales y operativos de estas instituciones.

La medida se aprobó en medio de huelgas de docentes y no docentes universitarios, quienes protestan por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, estimada en un 45%. El proyecto incluye la instrucción al Gobierno de recomponer el presupuesto salarial desde diciembre del año anterior hasta la sanción de la ley, siguiendo el índice de inflación acumulada que informa el INDEC, y continuar con actualizaciones mensuales.

El debate en la Cámara fue complejo, ya que no había un dictamen acordado entre los bloques. El oficialismo anticipó su voto en contra debido al costo fiscal del proyecto. El dictamen de mayoría, presentado por Unión por la Patria, fue rechazado con 90 votos a favor y 126 en contra. Sin embargo, el dictamen de la UCR logró avanzar con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. El kirchnerismo apoyó el proyecto radical, pero se opuso al artículo 7, que establece los criterios para la distribución del presupuesto incrementado entre las universidades públicas.

Este artículo propone que los fondos se distribuyan en función del número de estudiantes, el tipo de carrera, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, y la actividad científica y tecnológica de cada institución. También establece mecanismos de seguimiento y evaluación del presupuesto en colaboración con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este apartado fue rechazado tanto por el oficialismo como por sus aliados del PRO, quienes coincidieron en su voto.

Además, el proyecto dispone que la Auditoría General de la Nación (AGN) supervise los presupuestos universitarios y que se amplíen anualmente los montos y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.