El Banco de la Nación Argentina (BNA) ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la provincia de La Pampa, en respuesta a la decisión de aumentar significativamente la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos en el sector financiero, que pasó del 7% al 15,47%. Este incremento afecta directamente los créditos otorgados por el banco en esa provincia. La medida del Banco Nación surge en un contexto donde el gobierno nacional también busca limitar el aumento de tasas e impuestos provinciales y municipales, una problemática que ha ganado relevancia recientemente.

La decisión de La Pampa, formalizada a través del Decreto N°3609 y la Ley Provincial N°3582, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2024, aumentando la presión impositiva sobre las operaciones financieras, en especial sobre los créditos del BNA. La entidad considera este aumento excesivo, advirtiendo que impactará negativamente en la economía local, especialmente en el financiamiento de PyMEs y otros sectores clave. El presidente del BNA, Daniel Tillard, mencionó la posibilidad de cerrar la Gerencia Zonal La Pampa, aunque también indicó que el banco está buscando alternativas para continuar apoyando el crédito.

El conflicto se da en un contexto económico en el que el gobierno de Javier Milei busca reducir la carga impositiva como parte de su estrategia para controlar la inflación y fomentar el crecimiento. Tillard resaltó la importancia de expandir el crédito para PyMEs y familias, destacando que la reducción de impuestos es clave para el desarrollo económico.

El BNA ve este caso como un riesgo de que otras provincias sigan el ejemplo de La Pampa, lo que podría afectar gravemente las operaciones bancarias en todo el país. Aunque hasta ahora La Pampa es la única provincia que ha implementado un aumento de este tipo, el banco busca prevenir que esta tendencia se extienda.

Además, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, ha anunciado una resolución para prohibir que provincias y municipios incluyan tasas adicionales en facturas de servicios públicos, como electricidad y gas, buscando transparentar los costos y reducir la carga sobre los ciudadanos.