Cambio en la Legislación de Alquileres: Registro Obligatorio Eliminado por la AFIP
La AFIP ha eliminado la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles, salvo para aquellos que buscan beneficios fiscales. La medida afecta tanto a inmuebles urbanos como rurales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha decidido eliminar la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Esta modificación entra en vigencia con la publicación de la Resolución General 5545/2024 en el Boletín Oficial, y se deriva del Decreto 70/2023 que derogó la ley de Alquileres 27.551.
A partir de hoy, los propietarios ya no tendrán que inscribir sus contratos en el "Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)" para que sean válidos. Sin embargo, aquellos contribuyentes que deseen acceder a beneficios fiscales otorgados por la ley, tales como los del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, así como sobre los Bienes Personales y a las Ganancias -según la ley 27.737- deberán declarar sus contratos de alquiler en el RELI. Este registro deberá hacerse antes del 30 de septiembre de 2024 o 15 días corridos posteriores a la celebración del contrato, a través de la web de la AFIP.
Los contratos ya registrados no necesitarán ser renovados, a menos que se produzcan modificaciones o actualizaciones.
Además, la Resolución General Nro. 5547/2024, también publicada hoy, elimina la obligación para el empleado en relación de dependencia de adjuntar una copia del contrato de alquiler del inmueble con destino a casa habitación en el servicio SiRADIG. Esta medida, que permitía acceder a deducciones del 40% y del 10% respectivamente, ya no será necesaria.
Esta decisión sigue a otras reformas previas, como la derogación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), que debía emitirse al vender un automotor o motovehículo usado en el país. También se han eliminado las resoluciones que obligaban a los productores agropecuarios a presentar cinco declaraciones juradas anuales sobre su cosecha, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para autorizar importaciones, con el fin de facilitar el comercio exterior.