El gobierno nacional, a través de un dictamen del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ha habilitado nuevamente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a las universidades nacionales sin necesidad de un convenio específico. Esta decisión revierte una resolución del 2022 emitida por el kirchnerismo, que había limitado la auditoría a las casas de altos estudios, permitiendo que solo fueran fiscalizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) bajo orden del Congreso.

El dictamen de Barra establece que las universidades están alcanzadas por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, respetando su autonomía funcional y financiera. El nuevo criterio busca aumentar la transparencia en el uso de los recursos públicos en las instituciones de educación superior.

Este cambio llega en medio de un conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales, luego del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y las recientes declaraciones del presidente, quien cuestionó la negativa de las universidades a ser auditadas.