La propuesta, que modifica el actual Código que rige desde 1921 y que sistematiza unas 900 leyes especiales, endurece las penas para casos de corrupción y narcotráfico así como para los episodios de robos por parte de motochorros, e introduce castigos para quienes arrojen piedras contra fuerzas de seguridad o interrumpan el tránsito.

En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya comenzó a levantar polvareda, no prevé eliminar la penalización, como proponía el proyecto que fracasó a mediados de 2018 en el Senado, sino que deja a criterio de cada juez la aplicación o no del castigo. 

Fuentes de los diferentes bloques parlamentarios consultadas por Télam dijeron que existe "voluntad política" para debatir la norma pero admitieron que "no hay garantías" de que la aprobación definitiva se concrete este año, en medio de la campaña electoral por la elección presidencial de octubre próximo.

El texto enviado por el Gobierno declara la emergencia penitenciaria y despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad. Y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena. 

Para los casos de corrupción que impliquen pago de coimas, sobornos y enriquecimiento ilícito de funcionarios, las penas pasarán de la escala actual que va de 1 a 6 años de prisión a otra de 4 a 12 años, y deberán ser de cumplimiento efectivo.

En este último ítem, no sólo se incluye a funcionarios sino a titulares de obras sociales y a todos aquellos que estén obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales. La iniciativa incorpora el delito del acoso laboral, castiga la tenencia de pornografía infantil y aplica el seguimiento para casos de delitos como el abuso sexual agravado y dellitos de violencia de género.

En caso de aprobarse la iniciativa también se prevé incluir figuras delictivas, como "asociaciones ilícitas terroristas", "reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas". Y eleva todas las escalas penales al doble de la pena cuando algún delito se cometa "con fines terroristas", llegando a penas de prisión perpetua.

Por último, el proyecto oficial amplía los delitos donde pueden haber "arrepentidos", incorpora la "extinción de dominio" que el Gobierno decretó con un DNU y tipifica varios delitos contra los barras bravas, en momentos que se discute el proyecto sobre ese tema que el Gobierno envió al Congreso

de la Nación.

El presidente de la comisión que elaboró el proyecto de ley de reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, destacó hoy el "avance" que implica en un año electoral el envío de la iniciativa para su debate en el Congreso de la Nación, ya que "sistematiza la historia de los últimos 100 años de historia de la Justicia".

Borinsky, que se desempeña como juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, declaró a radio La Red que se sistematizan "casi 900 leyes especiales" y ponderó la apertura de la discusión del tema a nivel parlamentario, aunque aceptó que en un año electoral podría demorarse a aprobación en ambas cámaras.

Borinsky lideró durante los últimos dos años la comisión asesora de especialistas que redactó el nuevo código, que busca reemplazar el actual, que rige desde 1921. El proyecto de 244 páginas fue enviado anoche por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, donde está previsto que se gire a la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador del PJ Pedro Guastavino.

Borinsky se refirió esta mañana a algunos puntos de la propuesta que prometen generar polémica, como el reclamo de la despenalización del aborto. En el texto no se despenaliza pero se deja  a criterio de cada juez la posibilidad de castigo a las mujeres que interrumpan el embarazo, un punto

que ya comenzó a recibir críticas de parte de las activistas del pañuelo verde.

"El Código penal tiene un avance en el tema del aborto", consideró el juez y señaló que que "se incorpora la posibilidad del aborto no punible cuando está en riesgo la salud de la mamá y en caso de violación", a la vez que, dijo, "también se incorporan penas contra la violencia de género".

El debate por la corrupción también formará parte del debate en el Congreso ya que en el nuevo Código se endurecen las penas en este sentido, fundamentalmente para quienes se desempeñan como funcionarios públicos.

"Se aumentarán las penas para los delitos de corrupción, que pasarán de una escala que va de 1 a 6 años de prisión, hacia otro de 4 a 12 años, en especial para el pago de coimas, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito de funcionarios", especificó.