Siete personas que formarían parte de una organización delictiva que cometía estafas telefónicas a abonados domiciliados en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires serán juzgados si queda firme la decisión de un juez de Garantías con asiento en los tribunales de Azul, magistrado que recientemente dio lugar al pedido presentado por un fiscal para que esta investigación penal se convierta en materia de un futuro debate.

Asociación ilícita, estafa y estafa en grado de tentativa son los hechos que les imputan a los encausados. Por medio de esa organización criminal de la que formaban parte, habrían cometido estos ilícitos durante el transcurso de 2018.

Según se señala en las actuaciones penales que ahora en primera instancia ya fueron elevadas a juicio -a través de lo resuelto por el magistrado Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías número 3- entre los meses de agosto y diciembre de aquel año los acusados "formaron parte de una asociación destinada a cometer estafas y defraudaciones a diversas personas, todas de avanzada edad y con domicilio -generalmente- en la provincia de Buenos Aires".

Dos de los imputados e integrantes de dicha banda permanecen actualmente presos por otras causas en una cárcel que está en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, la cual se había convertido tiempo atrás en escenario de un allanamiento ordenado en el marco de la instrucción de esta investigación penal.

En aquel procedimiento en la cárcel cordobesa, realizado con posterioridad a que los presuntos cabecillas de la banda que estaban presos fueran detenidos también en el marco de esta causa penal, se habían recogido "anotaciones y documentos que acreditan el accionar ilícito de la banda, vinculado con datos personales de supuestas víctimas, bancarios, etc." se menciona en las actuaciones.

De acuerdo con lo que pudo determinarse durante la instrucción de este sumario, para llevar a cabo estas estafas los imputados solían comunicarse telefónicamente con personas "de avanzada edad", ocasiones durante las cuales se hacían pasar por personal de la ANSES, AFIP y de otras agencias del Estado, logrando en muchas de esas oportunidades engañar a las víctimas de estas estafas con la creencia de que iban a recibir un beneficio económico.

En ese contexto, y tal como habitualmente sucede con la comisión de este tipo de ilícitos, los delincuentes les pedían a los damnificados que realizaran transferencias -bancarias o por medio de giros o billeteras virtuales- a través de las cuales los terminaban estafando.

También, con los datos que las víctimas les brindaban posteriormente tenían acceso a sus cuentas bancarias. Y operando por medio del llamado sistema "Home Banking", en nombre de los titulares solicitaban préstamos y adelantos de sueldos que después transferían a otras cuentas vinculadas a esta organización criminal.

Los hechos

Uno de los ilícitos que les imputan a los integrantes de esta presunta "asociación ilícita" tuvo como damnificada, el 23 de octubre de 2018, a una vecina de Bolívar a la que -mediante engaño- lograron transferirle desde su cuenta a otra más de doce mil pesos.

Al día siguiente, otro llamado efectuado también a Bolívar desde la cárcel cordobesa donde permanecían en ese entonces presos dos de los imputados se tradujo en que a un vecino intentaran estafarlo; aunque el damnificado -previa consulta en la ANSeS- se dio cuenta de que estaba siendo víctima de un engaño.

El 29 de octubre de aquel mismo año está situado otro de los hechos materia de esta investigación penal elevada a juicio en primera instancia recientemente, la cual también tuvo como damnificada a una vecina radicada en Bolívar. Pero la mujer alcanzó a darse cuenta de que estaba siendo estafada y, de esa manera, evitó que la despojaran de su dinero cuando ese sujeto que la llamó a su teléfono fijo se hizo pasar por un representante de la ANSeS.

En tanto, el 24 de octubre de 2018, repitiendo la misma modalidad desde la cárcel de Cruz del Eje, uno de los imputados y alojados en ese penal se comunicó por teléfono con otra víctima: una mujer que vive en la ciudad de Luján. A esa vecina la hicieron ir hasta un cajero automático, desde donde transfirió engañada 50.000 pesos a una cuenta que utilizaban los integrantes de esta organización delictiva. La misma modalidad les permitió a los delincuentes, en los días posteriores, sustraerle más dinero a la mujer, a través de dos operaciones bancarias por un valor total de 11.000 pesos.

Cristian Citterio, el fiscal a cargo de la UFI 20 con asiento en la ciudad de General Alvear y perteneciente al Departamento Judicial Azul, había sido quien formulara la requisitoria para la elevación a juicio de este sumario penal, pedido que en primera instancia ya ha sido avalado por el magistrado Juan José Suárez.

Fuente: Diario El Tiempo Azul