El presidente electo Javier Milei ha generado controversia al anunciar una de sus medidas más destacadas: la paralización de la obra pública a partir de su asunción el 10 de diciembre. Esta decisión ha generado preocupación entre los gobernadores, como Sergio Uñac de San Juan, quien expresó su inquietud por el posible impacto en el empleo, especialmente en el sector de la construcción.

 El mandatario Uñac enfatizó la importancia de mantener activa la obra pública, argumentando que la paralización afectaría a numerosos barrios en proceso de construcción, dejando a miles de trabajadores de la construcción desempleados en la provincia. 

Por su parte, Fabián Cattanzaro, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional, advirtió sobre el riesgo de pérdida de 200 mil puestos de trabajo y otros 300 mil empleos relacionados con la cadena de valor si se detiene la obra pública. Cattanzaro también expresó su preocupación por las declaraciones de Milei y su futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, sobre un posible cambio en la gestión de la obra pública, destacando la importancia de mantener un enfoque público en estas iniciativas. 

Asimismo, señaló la propuesta de volver a modelos anteriores de concesiones y participación público-privada, que, según él, podrían tener consecuencias negativas. Estas declaraciones y decisiones han generado un debate sobre el futuro de la obra pública en Argentina, sus repercusiones en el empleo y la economía, así como la manera de gestionar y financiar estos proyectos en el país.