El gobierno argentino ha revelado planes para reformar la legislación de Seguridad Interior, con medidas que buscan otorgar más poder a las Fuerzas Armadas y penalizar a los organizadores de protestas y piquetes. En una conferencia de prensa conjunta, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) presentaron un conjunto de leyes que enviarán al Congreso para su consideración y aprobación.

Uno de los principales puntos de estas iniciativas es permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones de violencia y conflicto, especialmente en áreas afectadas por el narcotráfico, como Rosario. Según Petri, las modificaciones propuestas permitirían a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para restaurar la paz en casos de terrorismo, patrullar, controlar personas y vehículos, y participar en tareas de prevención y aprehensión de delincuentes, siempre bajo la supervisión judicial y gubernamental.

En paralelo, Bullrich enfatizó la necesidad de abordar las protestas y bloqueos callejeros, proponiendo reformas al Código Penal que penalizarían a los organizadores de tales acciones con penas de prisión de hasta seis años. Además, se propone la creación de un tipo penal para quienes bloqueen industrias y comercios. Bullrich destacó que estas medidas buscan proteger a la sociedad de la explotación y el caos generado por ciertos grupos.

Otras iniciativas presentadas incluyen la creación de una ley Antimafia para combatir las organizaciones criminales que operan en distintas áreas del país, así como cambios en la legislación sobre legítima defensa para proteger a los agentes de seguridad en el cumplimiento de su deber. Estas propuestas reflejan la determinación del gobierno en abordar la violencia y garantizar la seguridad pública en Argentina, aunque también han generado debate sobre el equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la aplicación efectiva de la ley en un contexto de creciente criminalidad.