El ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal tras detectar graves irregularidades en el "Plan Nacional Argentina contra el Hambre" y la auditoría reveló que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes, y uno de ellos, el comedor "Gauchito Gil", estaba registrado en la dirección de un barrio privado.

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La denuncia, radicada en los tribunales de Comodoro Py, apunta a posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos. El plan, originalmente bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, incluía un proceso de validación en tres etapas: preinscripción, validación y matriculación. La matriculación, con una vigencia de dos años, requería revalidación para continuar recibiendo beneficios.

Al asumir su cargo, Pettovello ordenó una auditoría exhaustiva que puso en evidencia la falta de controles por parte de la administración anterior. Según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), los comedores gestionaban alimentos por miles de millones de pesos provenientes de diversos programas sociales, pero muchos de estos comedores eran ficticios.

Casos

El caso del comedor "Gauchito Gil" es especialmente llamativo. Registrado en la dirección de un barrio privado, este comedor nunca existió. Otro ejemplo es el comedor "Sol de Barrio", cuya dirección no pudo ser localizada, y los vecinos confirmaron que allí nunca funcionó un comedor.

La auditoría encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados por varias razones, incluyendo direcciones inexistentes y comedores que nunca operaron en las ubicaciones declaradas. Estas irregularidades indican una falta de control y supervisión, permitiendo que se registraran comedores inexistentes que recibían fondos del Estado.

Consecuencias

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano ha tomado medidas para corregir las fallas del sistema y evitar futuros fraudes. La denuncia penal busca que se investiguen a fondo estas irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes. Este escándalo pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en los programas sociales para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.