Las fuerzas de seguridad han rodeado la embajada argentina, generando preocupación por la situación de los asilados
Desde anoche, agentes de la policía bolivariana han rodeado la residencia oficial, donde el servicio eléctrico ha sido cortado. El Gobierno nacional ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que las fuerzas bolivarianas entren para arrestar a los seis asilados.
Las fuerzas de seguridad venezolanas rodearon la Embajada argentina en Caracas, donde se encuentran refugiados seis asesores de campaña de María Corina Machado, la principal líder de la oposición. Aunque en ocasiones anteriores las autoridades ya habían cortado la electricidad y mostrado una actitud amenazante frente a la sede diplomática, nunca se había desplegado un operativo de tal magnitud. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, denunció que el Sebin, el servicio secreto venezolano, ha cercado el edificio "con el objetivo de ingresar y violar todas las normas internacionales".
Bullrich expresó su consternación ante la posible incursión en la embajada, que actualmente está bajo la custodia de Brasil. Hizo un llamado a la comunidad internacional y a los venezolanos a resistir "la brutalidad del régimen autoritario y dictatorial de Maduro", subrayando que Argentina no permitirá que su embajada sea invadida.
El primero en alertar sobre la situación fue Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido Vente Venezuela, quien denunció en la red social X que patrullas del Sebin y del DAET, junto a funcionarios encapuchados y armados, estaban rodeando la residencia de Argentina en Caracas. Además de Urruchurtu, los refugiados incluyen a Magalli Meda, jefa de campaña de Machado; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente; Omar González, exdiputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral; y el exministro Fernando Martínez Mottola, todos estratégicos en la campaña opositora, pese a su reclusión.
Desde el 1 de agosto, Brasil ha asumido la custodia de la embajada argentina, tras la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Javier Milei, y la posterior expulsión del personal diplomático argentino. Lula Da Silva intervino para evitar que los refugiados quedaran a merced de la justicia chavista, que los acusa de terrorismo.