Desde el lunes, todos los teléfonos celulares que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país.

La medida forma parte de un plan integral que incluye inspecciones en galerías comerciales, la recuperación de equipos sustraídos e incluso controles a aparatos personales en la vía pública, en "zonas calientes" de la ciudad, a cargo de brigadas especializadas.

Se calcula que más de dos millones de teléfonos adulterados se darán de baja gradualmente; cuando se pretenda cambiar la tarjeta SIM de uno de estos dispositivos de la "lista negra", el sistema se bloqueará y no se podrá conectar más a una red móvil. Según los expertos, se darán de baja a un promedio de 4000 celulares por día.

Se trata de una iniciativa en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteñas y la Dirección Nacional de Migraciones.

Con un promedio de seis clausuras por semana de comercios dedicados a la venta de teléfonos usados se busca impedir el uso, la comercialización, importación y exportación de este tipo de dispositivos obtenidos en maniobras delictivas o fraudulentas.

"A partir de un decreto del Enacom, tras gestiones con las prestadoras, si un smartphone es robado y su IMEI fue adulterado se lo dará de baja y no se podrá usar ni vender. Es una medida importante porque, para nosotros, todos los teléfonos robados están manchados de sangre, porque las circunstancias de la sustracción son, en general, violentas", contó a LA NACIÓN el jefe de la División de Cibercrimen, Carlos Gabriel Rojas. (La Nación)