Manifestantes se victimizan y acusan a las fuerzas de seguridad de usar "sustancias tóxicas"
Denuncian el uso de "sustancias tóxicas" por parte de las autoridades durante una protesta pacífica en las afueras del Congreso argentino.
Organizaciones de derechos humanos han presentado una denuncia ante la Justicia, acusando a las fuerzas de seguridad de utilizar "sustancias tóxicas" durante un operativo llevado a cabo en las cercanías del Congreso de la Nación. El incidente tuvo lugar mientras se debatía el proyecto de ley "Bases" en la Cámara de Diputados.
Según la presentación realizada ante el juzgado nacional Criminal y Correccional n° 44, el compuesto químico empleado fue descrito como "altamente tóxico e irritante", incluso catalogado como un "instrumento de tortura" por las organizaciones denunciantes. Entre las entidades que respaldan la denuncia se encuentran la CTA Autónoma y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros.
La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia expresó en un comunicado su preocupación por el uso indiscriminado de estas sustancias contra quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente. Sin embargo, las autoridades de seguridad han sido señaladas como responsables de esta situación, exigiendo una investigación exhaustiva para determinar quiénes autorizaron su utilización.
Además, se hizo hincapié en la responsabilidad directa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su homólogo de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, por los eventos ocurridos durante el operativo. En este sentido, la demanda judicial busca identificar tanto a los funcionarios presentes en la represión como a las autoridades que dieron la orden de emplear estas sustancias.
La denuncia destaca la gravedad de la violencia institucional y la peligrosidad de arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva contra los manifestantes. Sin embargo, se debe considerar que el accionar de las fuerzas de seguridad es consecuencia de las agresiones previas por parte de los manifestantes. Esta situación ha llevado a una percepción de victimización por parte de los manifestantes, quienes argumentan que su derecho a la protesta pacífica ha sido coartado por la respuesta desproporcionada de las autoridades.