El olavarriense radicado en Neuquén José Luis Dapello quedó formalmente acusado de coautor junto a Omar Antonio Canale y Fernando Nicolás Silva de estafar a 9 compradores que nunca recibieron las propiedades, aunque habría más víctimas. El perjuicio global es cercano a los 10 millones de pesos.

Los tres empresarios a la cabeza de una desarrolladora fueron denunciados masivamente por quedarse con el dinero de los compradores y no terminar las construcciones. Quedaron formalmente acusados por la Fiscalía de Delitos Económicos.

La estafa que sufrieron decenas de propietarios que confiaron en los socios a cargo de la Desarrolladora San Martín de los Andes (también conocida como Macá) fue dada a conocer por el diario La Mañana de Neuquén en noviembre pasado, cuando la causa acababa de pasar a manos del fiscal Marcelo Jara.

En esa oportunidad, tres de los damnificados relataron vivencias similares: iniciaron la compra de departamentos financiados en los que pusieron ahorros de toda su vida, y a pesar de los reclamos, nunca recibieron lo prometido y las caras visibles de todo el negocio, levantaron campamento y ya nunca atendieron los llamados ni emails. En síntesis, la sensación de todas las víctimas era casi idéntica: "Entregamos todo y hoy no tenemos nada".

En esa oportunidad, tres de esos compradores relataron el derrotero de llevar a los dueños de la desarrolladora a la Justicia y confiaron que el legajo había pasado a fiscalía tras una mediación fallida. Las propiedades que formaban parte de la maniobra incluían departamentos sobre Diagonal 9 de Julio, sobre calle Belgrano y en el predio Casonas Morada del Agua de Plottier.

Este jueves, finalmente el fiscal del caso dio por oficializado el inicio de la investigación al acusar por estafa en una audiencia a los tres socios fundadores: Omar Antonio Canale, José Luis Dapello y Fernando Nicolás Silva.

"Entendemos que generaron una simulada confianza que llevó a que la maniobra tuviese éxito a partir de una profusa publicidad que se dio en cartelería, medios de comunicación y shoppings, a través de los cuales los denunciantes tomaron contacto con la empresa para adquirir una serie de departamentos que forman parte de un grupo de módulos identificado como Casonas Morada del Agua", expresó el fiscal durante la audiencia de formulación de cargos.

Jara detalló un total de nueve hechos, es decir, nueve transacciones que se acordaron con las víctimas y por las que los sindicados recibieron pagos a lo largo de años, a pesar de que las construcciones nunca fueron finalizadas y por lo tanto los inmuebles nunca se entregaron. Todos ocurrieron en un período comprendido entre 2012 y 2019.

"La puesta en escena genérica y la confianza que se le dio a los denunciantes se verifica cuando empiezan a ver que se desarrolla el primero y parte del segundo de los módulos previstos, pero los diversos problemas de conocimiento público y, fundamentalmente, llegada la fecha de entrega, no se produjo ese extremo", detalló Jara.

Según relató el acusador, para calmar la inquietud de los compradores, en algunos casos la desarrolladora ofrecía una reducción de las cuotas como "bonificación" por no poder cumplir con los tiempos estipulados en el contrato, pero aún así siguieron recibiendo pagos hasta 2019 aunque la obra ya estaba frenada. "Esto es prueba cabal de la maniobra dolosa, pues a la fecha ya se tenia conocimiento del abandono de la obra", subrayó.

En los nueve casos, el perjuicio varía de acuerdo a las propiedades que planeaban adquirir las víctimas pero las cifras de dinero entregado y perdido van desde los 200 mil pesos hasta los 3 millones. El perjuicio global es cercano a los 10 millones de pesos, pero el propio fiscal adelantó que no son las únicas denuncias recepcionadas que se analizan como parte de la investigación.

Como evidencia contra los hombres detalló que se cuentan con las denuncias de los compradores, prueba documental secuestrada de un box alquilado que se allanó en junio pasado y donde fueron a parar todos los papeles tras el cierre de las oficinas, y boletos de compra-venta firmados por los sindicados, entre otros elementos.

Por todo, Jara acusó a los tres socios por el delito de estafa (nueve hechos); en el caso de Canale y Dapello, en carácter de coautores; mientras que a Silva lo señaló como partícipe necesario. Esto es porque a lo largo de los años, quedó evidenciado un cambio de roles entre los tres en cuanto al manejo de la desarrolladora. De todas maneras, el fiscal recalcó que se trata de una calificación provisoria que podría variar una vez que se cierre la etapa de investigación.

Conforme las características del hecho, la pluralidad de víctimas, la cantidad de documentación para peritar y las denuncias aún por relevar, el acusador pidió declarar la causa como compleja. Por su parte, el abogado particular Mario Rodríguez Gómez, que interviene en representación de dos de las víctimas, adhirió a lo expuesto por el fiscal.

A su turno, uno de los defensores, Norberto López, no se opuso a la formulación de cargos; mientras que su colega Martín Rodríguez sí desafió la acusación contra Dapello por no considerarla fundada.

Finalmente, tras escuchar a las partes, la jueza Estefanía Sauli analizó lo presentado por las partes y avaló la formulación de cargos y también declaró la causa como compleja. (La Mañana de Neuquén)