El gobierno de Mauricio Macri reaccionó con una mezcla de sorpresa y expectativa a la ola de detenciones y pedidos de indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández, su ministro de Planificación Julio De Vido y otros importantes funcionarios, vinculados al cobro de coimas a empresas constructoras y energéticas, contratistas de obra pública.

"No hay posición oficial ni la va a haber por el momento. Es un tema de la Justicia", afirmaron a La Nación, cerca del jefe de gabinete Marcos Peña, a quien la noticia lo tomó en medio de los preparativos para su informe mensual en la Cámara de Diputados.

Si bien evitaron expedirse sobre el asunto, tres funcionarios cercanos al Presidente afirmaron que las dimensiones del escándalo-centradas en cuadernos en los que el chofer de Roberto Baratta, número dos de De Vido anotaba en cuadernos las presuntas coimas-aún no son mensurables. "Esto es el comienzo del Lava Jato argentino", opinó un alto funcionario. "Como robaron, por Dios", afirmó otro integrante del Gobierno en relación al kirchnerismo.

Más allá de cierta satisfacción por la citación a la ex presidenta, en el Gobierno creen que el kirchnerismo intentará "igualar todo, y meter a todos en el mismo barro", basados en que uno de los detenidos formó parte de Iecsa, una de las empresas involucradas y propiedad del primo del Presidente, Angelo Calcaterra.

En la Casa Rosada tomaron nota de la reacción de referentes del kirchnerismo, como la diputada Gabriela Cerruti, para quien el detenido fue la "mano derecha" del Presidente durante los noventa. "No creo que les resulte la estrategia. El que anotaba en los cuadernos parece que era muy prolijito", ironizó un funcionario con despacho en Casa Rosada en relación a Oscar Bernardo Centeno, el funcionario ligado a Baratta detenido ayer.

"Esto es un quilombo muy grande, que no acepta fronteras partidarias", se sinceró un funcionario, que se mostró "a la expectativa" de que empresarios ligados al kirchnerismo "también paguen por todo lo que se robaron en estos años", se despachó, en relación a Gerardo Ferreyra y Luis Neyra, empresarios de Electroingeniería, apresados en la madrugada al igual que Héctor Sánchez Caballero, de la ex Iecsa. (La Nación)