Josefina Bargas / @JosefinaB 

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El proyecto "Ficha Limpia" que desde 2018 se impulsa en distintos puntos del país se propuso también en Olavarría impulsada por Ahora Olavarría a través de un proyecto de ordenanza de la concejala Celeste Arouxet. 

La propuesta original, una iniciativa de la ciudadanía respaldada por más de 400.000 firmas, tiene por objetivo modificar la legislación electoral y de partidos político a fin de que se impida que quienes tienen condena penal por delitos dolosos graves puedan ser precandidatos en las PASO o candidatos en una elección. En Chubut, Mendoza, Salta y Jujuy ya se convirtió en ley.

Su llegada al ámbito de Olavarría busca "limitar la asunción de personas condenadas por violencia de género, femicidio y delitos contra la integridad sexual" en cargos Ejecutivos, tal como se indicó acerca del proyecto que tomará estado parlamentario en la sesión de mañana del Concejo Deliberante.

La propuesta

A través de un comunicado de Ahora Olavarría se indicó que "buscan reglamentar el principio constitucional de idoneidad para aspirar a un cargo público" y "poner un freno a la corrupción poniendo como condición que las personas que pretendan asumir cargos públicos ejecutivos (no electivos) no cuenten con antecedentes delictivos".

En sintonía con el proyecto original, Celeste Arouxet argumentó que "la corrupción es un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional que no reconoce límites ni fronteras y afecta a las diferentes esferas del Estado". En la propuesta, la concejala opositora señala que se trata de "un flagelo que distorsiona la asignación de recursos, condiciona la calidad de vida de todos los ciudadanos y destruye la confianza pública" que es "necesaria para el ejercicio del buen gobierno".

Por lo tanto, para prevenir y combatir la corrupción comparte la necesidad de promover "una mirada integral, que involucre a los diferentes actores de la vida pública" junto con un "marco normativo sólido a nivel nacional provincial y municipal que dificulte la aparición de prácticas corruptas". Con ello, añadió que "uno de los caminos para luchar contra la corrupción, debate que cuenta con un fuerte respaldo ciudadano, es justamente bloquear el ingreso a cargos públicos de quienes estén condenados por hechos de corrupción" en referencia al contenido de la iniciativa a nivel nacional.

Para el ámbito de Olavarría Arouxet declaró que "entendemos prudente limitar la asunción a aquellas personas condenadas por violencia de género, femicidio y delitos contra la integridad sexual" en el Ejecutivo.

Con esa finalidad y "en nuestro rol de legisladores municipales creemos conveniente acompañar estas iniciativas legislando para establecer requisitos para aquellos ciudadanos que sean convocados a asumir responsabilidades públicas en cargos no electivos en el ámbito del departamento Ejecutivo y Deliberativo".

Desde Ahora Olavarría subrayaron como objetivo "llevar adelante el debate en el ámbito local e impulsar ordenanzas que sean del interés del vecino en pos de mejorar nuestras instituciones que, en definitiva, son el pilar fundamental para el sostenimiento de la democracia".

¿Presión para Galli y el Pro local?

Que esta propuesta surja en lo local desde Ahora Olavarría, ligado a sectores libertarios, no deja de resultar llamativo. Es que el diputado nacional del Pro, Cristian Ritondo -presidente del bloque-, impulsa este proyecto en el Congreso de la Nación y también busca que llegue a la Legislatura bonaerense. De hecho, ayer estuvo en una localidad de La Matanza para presentar esta iniciativa.

Pero, justamente, no fue el Pro (ni Juntos) de Olavarría desde llegó la propuesta al plano local. Cabe incluso señalar que Ritondo mostró intención de abrir una interna contra Ezequiel Galli en la Séptima y en Olavarría, al habilitar movimientos de otros dirigentes en la región.

En territorio bonaerense, la semana pasada el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (UCR-Juntos), dispuso por decreto la "Ficha Limpia" y es el primer distrito en implementarlo: impide el acceso a cargos públicos a personas que tengan condena por delitos dolosos graves. Se incluyeron los relacionados con hechos de corrupción (ya conllevan inhabilitación específica para ejercer cargos públicos), femicidio, violencia de género o abuso sexual; delitos contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y orden constitucional, contra el orden económico y financiero.

En otros municipios como Mercedes, Pringles, Tigre o Zárate abordan el tema desde el Concejo Deliberante a partir de la presentación de proyectos de ordenanza y aún esperan su tratamiento.