El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, criticó duramente el allanamiento "ilegal" realizado en la casa de la dirigente social Fernanda Miño, responsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), y responsabilizó al gobierno de Javier Milei por el accionar de las fuerzas de seguridad. Según Grabois, los policías golpearon a Miño y a sus hijas, dejando a la dirigente incomunicada durante el procedimiento.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa La Cava, en San Isidro, cuando Miño regresaba a su hogar tras la presentación de un documental. Según los vecinos, la Policía ingresó de manera violenta a la vivienda, encapuchados y con armas largas, mientras tomaban del pelo a una de las menores que residía en la casa. “Esto es un accionar propio de la dictadura”, manifestó Grabois a través de sus redes sociales.

El excandidato presidencial por Unión por la Patria también compartió un video desde el lugar de los hechos, en el que denuncia que el allanamiento fue por una supuesta investigación relacionada con el robo de una moto, lo que calificó como un motivo fabricado para hostigar a Miño. “A Fernanda nunca le encontraron nada, y ahora inventan que se robó una moto”, expresó Grabois, criticando la actitud de los fiscales y las fuerzas de seguridad.

Grabois no dudó en señalar que el allanamiento fue una acción desproporcionada contra una dirigente que vive en uno de los barrios más vulnerables del país. “Este barrio está lleno de narcotraficantes que envenenan a los pibes, y vienen a hacer un allanamiento por una moto”, reclamó el dirigente, visiblemente molesto.

Tras la llegada de Grabois y su equipo de abogados, la Policía se retiró del lugar. Según el relato de Grabois, la casa fue revuelta durante dos horas, y Miño fue agredida físicamente junto a sus hijas, quienes quedaron aterrorizadas por lo sucedido. “Esto no queda así, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió Grabois.

El allanamiento ocurrió en un contexto en el que Miño había sido investigada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat debido a los resultados de una auditoría en el fondo fiduciario que administraba. Sin embargo, desde el gobierno de Milei aseguraron que “no se encontraron hechos de corrupción” en dicha auditoría.