El ministro de Economía, Luis Caputo, está considerando un aumento en las tarifas de luz y gas que podría aplicarse a partir de septiembre. Este incremento, que se prevé sea del 4% en promedio para hogares, industrias y comercios, se enmarca en una política de reducción de subsidios que el Gobierno ha estado implementando.

El ajuste en las tarifas se produce en un contexto de desaceleración de la inflación, favorecida por la reducción del Impuesto PAIS. Sin embargo, la medida también se sumará al aumento de tarifas de agua y cloacas en el área metropolitana, así como a la quita de subsidios al transporte en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, y un incremento del 2,5% en los combustibles debido a un nuevo diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

Caputo y su equipo están evaluando la magnitud precisa del aumento en las tarifas de electricidad y gas, con una pauta que oscila entre el 2% y el 4%. Este ajuste también afectará al sector de transporte y distribución, en un esfuerzo por alcanzar la cobertura total de los costos reales de estos servicios.

Actualmente, los usuarios residenciales cubren el 57% del costo real del gas y el 64% del costo de la electricidad, mientras que el resto es subsidiado. El objetivo del Gobierno es eliminar gradualmente estos subsidios, pero la decisión dependerá del contexto social y económico para asegurar que la inflación continúe desacelerándose sin afectar severamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Analistas advierten que un nuevo aumento en las tarifas podría seguir deteriorando el poder adquisitivo y complicar la recuperación económica, un aspecto que Caputo debe considerar en su análisis.