La Universidad Nacional de las Artes (UNA) se encuentra en el centro de la controversia debido a una serie de irregularidades detectadas en su gestión, que han sido objeto de análisis por parte del gobierno nacional. Estas prácticas cuestionables incluyen privilegios injustificados, mal manejo de fondos y denuncias de adoctrinamiento hacia los estudiantes.

A pesar de que recientemente el gobierno ha puesto el foco en otras universidades, como las de Hurlingham, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Antonio de Areco y la del Noroeste de Buenos Aires, así como en las instituciones creadas recientemente, existen dudas legítimas sobre si la UNA debería ser incluida en este escrutinio.

Las acciones llevadas a cabo por la UNA han llamado la atención del oficialismo, especialmente aquellas relacionadas con la politización de la institución. Por ejemplo, se ha denunciado la convocatoria por parte del Consejo Superior oficialista a medidas de "alerta y movilización" contra ciertas figuras públicas, así como críticas abiertas a la política económica del gobierno y la organización de actos partidarios en las instalaciones universitarias.

En este contexto, se plantea la necesidad de investigar a fondo la gestión de la Rectora Sandra Torlucci, especialmente en lo que respecta a los fondos históricos transferidos, las cesiones de inmuebles realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y las contrataciones de edificios, que se sospecha podrían ser una fuente de malversación de fondos.

Asimismo, se destaca el exceso de cargos políticos dentro de la universidad, así como los salarios y beneficios asociados a estos cargos, lo que genera interrogantes sobre el uso eficiente de los recursos. Además, se prestará atención a las denuncias de adoctrinamiento y hostigamiento hacia los estudiantes, que han sido reportadas ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias.