El Gobierno nacional rechazó la reacción estudiantil que surgió tras el blindaje del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, calificando la toma de universidades como un acto delictivo. Así lo manifestó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa, donde expresó su solidaridad con "la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes" que buscan continuar con sus actividades educativas de manera regular.

"Es un delito tomar una universidad, como lo es tomar cualquier edificio", afirmó Adorni, haciendo referencia a las recientes ocupaciones de universidades como forma de protesta. Además, enfatizó que el lugar para debatir los fondos universitarios es el Presupuesto 2025, y no mediante acciones disruptivas.

Adorni también destacó que el gobierno se solidariza con aquellos estudiantes que quieren seguir adelante con su educación, así como con los docentes y el personal no docente que buscan que las universidades "sigan funcionando". El funcionario dejó en manos de la Justicia la posibilidad de avanzar con desalojos en las instituciones ocupadas.

Además de criticar las ocupaciones, el vocero apuntó contra la vieja política que, según él, busca crear caos y desequilibrar el fiscal, al tiempo que acusó a los gremios docentes y no docentes de rechazar un aumento salarial propuesto por el gobierno. "El Gobierno otorgará un 6,8% de aumento al personal docente y no docente en octubre", aseguró Adorni, lamentando que los gremios hayan preferido habilitar las tomas en lugar de aceptar la propuesta.

En otro momento de su intervención, Adorni también puso en duda la transparencia en el manejo de los fondos universitarios, afirmando que el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no fueron rendidos. Afirmó que la administración de Javier Milei busca mayor auditoría en las universidades para garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.

Finalmente, Adorni agradeció a los 85 diputados que apoyaron la decisión del Poder Ejecutivo y sugirió la posibilidad de organizar un nuevo evento celebratorio, similar al asado en Olivos que se realizó tras el acompañamiento al veto de la actualización jubilatoria.