Escribió para El Popular Medios Silvana Melo [email protected]

Más de 7 millones y medio de hombres y mujeres trabajan sin paritarias ni aportes jubilatorios ni aguinaldo ni vacaciones. Con salarios extremos y sin estructura sindical que los respalde. Son aquellos trabajadores no registrados, informales y precarizados, que han crecido exponencialmente en los últimos años. 

Los trabajadores en blanco son unos doce millones y medio. Hay 1.500.000 desocupados. Y poco menos de ocho millones de informales y sin registro. Son siete millones seiscientos mil hombres y mujeres que hacen changas, cocinan en comedores comunitarios, son recicladores, trabajan la tierra y fabrican alimentos caseros, limpian casas ajenas –sector con mayor informalidad en el país-, cuidan niños, son plomeros, electricistas, albañiles, empleados de empresas que no les hacen aportes en una tierra donde no trabajar es hambre y tragedia y donde trabajar con registro también suele ser pobreza.

Casi sin crecimiento económico en la última década, no aumenta el empleo privado en blanco y baja el salario. En los análisis de los economistas, la gente es apenas un gráfico de barras que cambian de color según su privilegio o su desgracia. Pero son millones de historias una a una. Historias que se vieron languidecer durante la cuarentena de 2020 y recobraron presencia en el mercado laboral a fines de 2021, pero con salarios más bajos. Trabajo en blanco con pobreza es la última adquisición del sistema.

Los asalariados en el ámbito privado son seis millones, cifra idéntica desde hace diez años. Los trabajadores en blanco crecieron, en ese período, en un millón de empleados públicos y unos pocos monotributistas. Desde el censo 2010 al censo 2022 el país tiene 4,5 millones de habitantes más. Es decir que hay tres millones sumergidos en la informalidad. El crecimiento se concentró sólo en el trabajo precario.

Entre la minería y la construcción

La informalidad o el trabajo sin registro está fuera de la órbita de los sindicatos. En este tiempo, hablar de paritarias es dejar fuera a un porcentaje muy importante de la población económicamente activa: la que no está en blanco. En Olavarría, la minería –parte del corazón productivo de la ciudad- "no tiene trabajadores no registrados", según Bruno Damico, miembro de la comisión directiva actual de AOMA. 

"Antes un par de empresas mineras tenían trabajadores en negro y se las arreglaban para evadir". En la nueva conducción del sindicato "es una de las primeras cosas que atacamos y la denunciamos". Damico relató que "hace un mes una empresa que se radicó en Olavarría, que desarmó su línea de producción en Tandil, venía con la práctica de evadir desde Tandil. Tomaban obreros sin registrar por una semana o quince días y si les gustaban les hacían un contrato temporal. Les dijimos que ésa era una práctica ya desterrada, pero venían con la costumbre de otro sindicato". 

La mirada desde la minería tiene la paradoja de un país que se desangra en sus dirigencias y que, a la vez, se reactiva desde sus potencialidades. "Estamos trabajando a pleno a raíz del alto nivel de obra pública", sostuvo el sindicalista. "Nuestra actividad fue declarada esencial en pandemia. Y no paró de crecer. Ahora estamos en valores históricos de obra" aunque "la realidad es que los sueldos nos quedaron bajos".

David Míguez es secretario de Organización de la UOCRA Olavarría. Un gremio que trae en sus espaldas la historia de una conducción de décadas condenada judicialmente por diversos delitos. "La informalidad es una realidad, es un flagelo en todas las industrias; nosotros desde seccional Olavarría estamos trabajando el día a día, recorriendo las obras para captar a esos trabajadores informales y volcarlos a la formalidad laboral". A la vez, "lo que falla desde el estado es la parte tributaria hacia las empresas", dice Míguez. Es justamente el empresariado el que pide una reforma laboral para poder manipular en la legalidad a los trabajadores. "Partimos desde una base en que los planes sociales no ayudan mucho para que los trabajadores quieran regularizarse, ya que todos saben que la construcción es un trabajo golondrina y eso atenta contra la regularización".

La cantidad de obreros sin registro en la actividad ha tenido que ver históricamente con los acuerdos entre sindicalistas y empresarios, con los trabajadores como víctimas. "Desde Seccional Olavarría sabemos que no es nuevo que un porcentaje de los trabajadores está irregular". Pero, dice, se trata de una comisión directiva nueva, "que asumió el 15 de febrero del 2022, y estamos haciendo todo lo posible para revertir esta situación". A la vez, Míguez consideró que "desde hace mucho tiempo los políticos le están dando la espalda al pueblo. En Olavarría tenemos un intendente que no es de la conducción nacional y eso sin duda afecta a que bajen las obras públicas en Olavarría". Y dio un ejemplo: "se estaba haciendo una obra en la facultad de Medicina por $240 millones y esa obra quedó varada por temas políticos, como tantas otras".

En cuanto a remontar una imagen conflictiva de un gremio clave, Míguez sostuvo que "los cambios a veces molestan tanto a los empresarios como a los obreros, pero la realidad es que hay que pegar un giro al timón en favor de los trabajadores".

Salarios en baja

Son unos 7,6 millones los trabajadores informales –números de abril-, que se reparten entre 5 millones de empleados y más de dos millones y medio de cuentapropistas no registrados.

El INDEC aporta números reveladores: los 20 millones de empleos en Argentina (privados y públicos, en blanco e informales) cobran un salario mensual inferior a los 350 dólares. Es difícil convertir en pesos esa suma, en días de corrida cambiaria. Y con la costumbre argentina de imponer la cultura bimonetaria. Pre corrida, ese salario medio llega a 73.500 pesos. Menos del 75% de lo que necesita una familia para no ser pobre.

El 90% de los asalariados registrados tienen un salario bruto inferior a los 500 dólares, valor similar al observado en 2003. Poco más 100 mil pesos hasta la salida de Martín Guzmán.

Los no registrados están mucho peor: sus ingresos no superan los 150 dólares (unos 40 mil pesos), que se terminan complementando con planes sociales o trabajo ocasional. 

"El trabajo en negro es un delito que cometen los empresarios y como tal hay que combatirlo", dice Guillermo Santellán desde el Centro Empleados de Comercio de Olavarría. El gremio, dice, "hace controles todo el tiempo pero no tiene poder de policía". Entonces "es necesario crear conciencia en los trabajadores".

Los sectores laborales con más empleo sin registrar son el trabajo en casas de familia, la construcción, el trabajo rural y los gastronómicos. 

"La realidad en Olavarría –asegura el sindicalista mercantil- no es diferente de la de cualquier otra ciudad". Y ratificó: "los empresarios tienen que cumplir con sus obligaciones y, cuando no lo hacen, saben claramente que están cometiendo un delito".

El problema previsional

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de un millón y medio de personas en edad de jubilarse no alcanzan a los 30 años de aportes necesarios. Casi 700 mil no cuenta con ningún aporte. Son los precarizados y trabajadores sin registrar de las generaciones anteriores, que hoy enfrentan con profunda incertidumbre el final de su vida laboral. 

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El destino de los actuales y de aquellos casi ocho millones que llegarán a una jubilación sin aportes es depender de una moratoria y de una jubilación especial, denostada por gran parte de las dirigencias –responsables también de este statu quo- y de importantes sectores de la sociedad. El sistema previsional, a la vez, corre el riesgo de quebrarse por la falta de aportes de millones de trabajadores sin registrar y por la necesidad de fondos que cubran las vejeces sin aportes.

Una realidad que demasiados juzgan superficialmente pero que es la consecuencia del deterioro social y laboral de 45 años a esta parte.