El gobierno de Javier Milei tiene previsto anunciar en los próximos días una serie de nuevas bajas en el programa Potenciar Trabajo. Estas medidas responden a graves incompatibilidades detectadas entre los beneficiarios del programa, quienes, mientras recibían el apoyo estatal destinado a los más vulnerables, emprendieron viajes al extranjero en diversos medios de transporte como aviones, embarcaciones, autos y ómnibus. La denuncia inicial fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuan en octubre pasado.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), se estableció un cruce de datos entre los beneficiarios del Plan Potenciar y los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, revelando que casi 160 mil personas salieron del país mientras recibían el subsidio social. Esta situación representa una clara incompatibilidad con los requisitos de vulnerabilidad establecidos para acceder al programa Potenciar Trabajo.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada han confirmado que, según datos preliminares que se completarán en las próximas horas, la cantidad de beneficiarios afectados será inferior a la cifra inicialmente detectada por la justicia. Se argumenta que muchos de estos casos corresponden a personas que viven en zonas fronterizas y cruzan regularmente a países vecinos como Bolivia para visitar a familiares.

Una preocupación adicional surge en torno a cómo estos beneficiarios, que pasaban varias semanas fuera del país, cumplían con las veinte horas semanales de trabajo requeridas en las unidades de gestión dependientes de municipios, provincias o cooperativas sociales. Esta cuestión también será objeto de investigación para determinar si las ausencias fueron justificadas o si hubo irregularidades en la supervisión de estas situaciones.

La administración actual ha adoptado una postura activa frente a las denuncias judiciales, particularmente en lo que respecta a los programas sociales. El propio presidente Javier Milei ha afirmado que se dará de baja a todos aquellos que cobren un plan social de manera irregular. La solicitud del fiscal Marijuan de dar de baja preventivamente a los beneficiarios afectados para luego permitirles volver a empadronarse y acceder nuevamente al beneficio, está siendo considerada.

En conclusión, el gobierno de Milei se encuentra ante el desafío de abordar estas irregularidades en la asignación de los planes sociales, priorizando la transparencia y la justicia en el acceso a estos recursos públicos.