El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, por administración fraudulenta relacionada con el programa Potenciar Trabajo. El procesamiento se basa en el desvío de fondos destinados a fines partidarios, en lugar de su propósito original. Además, se le impuso un embargo de $390 millones.

Casanello también procesó a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Adrián Coego, María Isolda Dotti, y Gianna Puppo por administración fraudulenta y amenazas coactivas. Otros implicados enfrentan cargos de defraudación y amenazas, incluyendo Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, y Roberto Adrián Albornoz.

El procesamiento incluye la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente en el juzgado para Belliboni y los demás procesados. También se han congelado bienes, cuentas bancarias y se han bloqueado cajas de seguridad relacionadas con los implicados y las organizaciones mencionadas.

La causa se originó el 20 de diciembre, tras denuncias sobre extorsiones realizadas a través de una línea habilitada por el Ministerio de Seguridad. El fiscal Pollicita, que recibió la investigación, se centró en las denuncias de Capital Federal, logrando localizar y escuchar a varios denunciantes.

El fallo de Casanello señala que los recursos del programa Potenciar Trabajo fueron utilizados para fines distintos a los previstos, incluyendo la financiación de actividades partidarias en lugar de la inclusión social y el mejoramiento de la empleabilidad de los beneficiarios.

Además, el juez envió a la justicia electoral pruebas sobre el uso indebido de la ayuda social para influir en las elecciones, especificando que se obligó a los beneficiarios del comedor "La Carbonilla" a votar por candidatos del Partido Obrero.