Por un periodismo de calidad sin intromisión estatal
La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes -CEMCI-, entidad que nuclea a medios gráficos y audiovisuales de todo el país, manifiesta su inquietud por el reciente lanzamiento desde un organismo estatal, la Defensoría del Público, de un observatorio que se ocupará de monitorear la desinformación, la violencia simbólica y las noticias maliciosas en medios y plataformas digitales (NODIO).
Si bien desde CEMCI se comparte la importancia de la adopción de buenas prácticas periodísticas, las mismas no pueden ni deben ser impuestas desde un organismo estatal, dado que, aunque se argumente que el observatorio en cuestión carece de poder sancionatorio, se corre el riesgo de que sus dictámenes o "miradas" puedan ser consideradas como la "verdad oficial" sobre la información pública. De esta manera se puede desalentar la independencia, libertad y responsabilidad de los actores de la comunicación; afectando indirectamente a toda la ciudadanía en general, que tiene el derecho de contar con una oferta diversa de voces y opiniones, entre la cual puede seleccionar, sin imposiciones o sugerencias oficiales, aquellos medios, plataformas y contenidos que considere apropiados para informarse en cada momento.
Es por ello que, aún compartiendo la relevancia de contar un periodismo de calidad, de buenas prácticas y basado en la ética profesional, la CEMCI entiende que estos objetivos deben ser promovidos antes que nada desde la misma sociedad civil, para garantizar los derechos de libertad de expresión e información, reconocidos en nuestra Constitución Nacional (artículos 14 y 32) y tratados de derechos humanos que poseen jerarquía superior a las leyes. En particular, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que el derecho a la Libertad de Pensamiento y de Expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, y no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores. La Convención establece la prohibición de la censura previa por cualquier medio, ya sea en forma directa o bien a través de vías indirectas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado por su parte que "la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma".