Carlos Heller -presidente del cuerpo- informó que habrá tres reuniones de debate más la semana que viene (martes, miércoles y jueves) con el objetivo de poder firmar un dictamen y convocar a una sesión para el miércoles 26 de octubre.

Los planes del oficialismo de dictaminar este jueves -para poder así adelantar el cronograma- fueron rechazados de plano por los bloques opositores, que reclamaron respetar la fecha acordada cuando fue presentado el proyecto.

Entre los planteos de la oposición, se destacaron los del diputado radical Hugo Romero, que reclamó mayores recursos para implementar la tarjeta SUBE a nivel nacional y un fuerte aumento de los subsidios al transporte de pasajeros del interior.

Esta queja se reiteró en varias oportunidades la semana pasada cuando brindó su informe el ministro de Transporte Alexis Guerrera. El Presupuesto proyecta una inversión de $66 mil millones mientras que las provincias reclaman al menos $100 mil millones para empatar la pauta inflacionaria.

Por otro lado, Romero también dejó sentado el malestar de Juntos por el Cambio en referencia al artículo que habilita subir las retenciones al campo y rechazó el que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables.

En tono más confrontativo, el economista del PRO Luciano Laspina celebró que se haya presentado "el primer Presupuesto kirchnerista que tiene un recorte del gasto público".

 "Yo celebro que haya un reconocimiento explícito de que esta política que ha llevado adelante el Gobierno es insostenible. Por eso desde el primer momento hemos tenido una actitud positiva, porque creemos que hubo un cambio histórico", remató con un dejo irónico.

No obstante, aseguró que la oposición necesita "garantías" de que el Frente de Todos no dejará "una bomba fiscal al próximo gobierno como pasó en 2015?. La principal sería incluir un suerte de "cláusula gatillo" que obliga al Poder Ejecutivo a enviar una ampliación del Presupuesto si los recursos fiscales obtenidos a través de la recaudación llegan al tope previsto.

Con este agregado desde Juntos por el Cambio esperan que si la inflación supera el 60% proyectado y la recaudación termina siendo mayor debido al efecto de la inflación, los fondos "extra" no puedan ser reasignados con absoluta discrecionalidad por un simple decreto de la Jefatura de Gabinete. Así buscan cortar la práctica instalada de subestimar la inflación para luego disponer de fondos "libres" que serán gastados sin pasar por el Congreso, especialmente en un año electoral como 2023.

Por otro lado, Laspina aseguró que lo dejaría "muy tranquilo" incluir otra cláusula que estipule que los gastos del Estado que no sean devengados ese mismo año puedan ser pagados con bonos. "Que el proveedor sepa que le podemos pagar con bonos", aclaró.

Desde el PRO también adelantaron que no votarán el artículo referido a las retenciones al campo y pidieron convertir en ley el actual congelamiento de contrataciones de personal en el Estado. Por su parte, desde la bancada que conduce Germán Martínez evitaron adelantar su posición sobre estos reclamos y aseguraron que se tomarán todo el fin de semana para recibir propuestas de la oposición y analizarlas a fondo.

Durante las reuniones de la semana que viene se llevará adelante la negociación de la letra chica del proyecto.