Finalmente el oficialismo compatibilizo un proyecto con el elaborado que presento   el PRO el año pasado e imposibilita candidaturas a personas condenadas por los delitos de fraude, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y encubrimiento, aunque no tengan condena firma de la Corte Suprema. En ese sentido, una condena en segunda instancia bastará para denegar la posibilidad de candidatearse

La propuesta que comenzará a debatirse desde el 20 de enero próximo prohíbe también que ciudadanos con condena integren el gabinete del Poder Ejecutivo. Tampoco podrán ocupar cargos diplomáticos ni ser elegidos como subsecretarios De esta manera alcanza con que 2 tribunales condenen a un ciudadano, y que la Corte demore su intervención en el proceso o demoré una resolución sobre inocencia o culpabilidad para mantener fuera de la función pública a una persona indefinidamente.