La consulta con el abogado olavarriense -especialista en los derechos del consumidor- fue a partir del tomar estado público decreto 311/20 de Emergencia Sanitaria aparecido este miércoles en el Boletín Oficial, que suspende por 180 días los cortes de los servicios por falta de pago a raíz de la crisis generada por el coronavirus.

La resolución alcanza a los servicios de energía eléctrica, gas natural por redes, agua corriente, telefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión por cable, espectro radioeléctrico y satélite, pero está acotada a una franja social de ingresos bajos.

"No se trata de una medida universal. Como toda la política que se está llevando adelante, son por sectores. Lo que se hizo fue segmentar a los beneficiarios de esta suspensión, por lo cual es necesario alentar a la población que no incumpla en el pago de servicios quienes no están alcanzados por la medida, porque podría acarrear la suspensión del mismo" aclaró el doctor Librandi.

El artículo 3 del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández contempla a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos (33.750 pesos), inscriptos en el monotributo social, jubilados, pensionados y trabajadores que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos.

También a monotributistas inscriptos en las categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos, beneficiarios del seguro de desempleo, electrodependientes, usuarios incorporados al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y exentos en el pago del ABL o tributos locales de igual naturaleza.

"Las empresas de servicios, sobre todo las locales, deberán definir cómo refinanciar lo que al vecino le resultará impagable. En este momentos estamos en una situación que muchos vecinos de Olavarría no reciben ingresos y no podrán responder al pago de servicios públicos. Más, en esta situación, llamamos a la Cooperativa a que abra puertas en sentido figurado, para acercarse al vecino para ver qué facilidades de pago se le pueden extender" advirtió.

El decreto contempla también entre los beneficiados a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social, instituciones de salud públicas y privadas, y entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.

"Entiendo que el gobierno de la Provincia va a adherir, que los municipios también lo harán. Va a ser una cadena inmediata de adhesiones" especuló.

El doctor Librandi alertó que "lo importante es que tanto las empresas como los consumidores interpreten el concepto del ‘esfuerzo compartido’. Es una teoría que se aplica en la jurisprudencia de los tribunales locales, que se puso sobre la mesa en algunos momentos de 2001, y pretende que ambas partes hagan su esfuerzo, simétrico para ellas, y que no haya una parte exenta de cumplirlo".

"Todo es muy imprevisto, estamos viviendo una situación absolutamente inédita y es necesario una conducta responsable tanto de las empresas como de los consumidores" dijo.

Librandi afirmó que "el derecho del consumidor se ha quedado corto con esta crisis. De todo esto van a surgir muchas cuestiones a debatir, a plantear, a generar en una nueva perspectiva, y cambios que ya se verán".

"La pandemia del coronavirus abrirá un nuevo espectro en el derecho en general, en el política, en la economía, en las relaciones. Va a ser un cambio paradigmático, una palabra muy usada en el ambiente científico-social, para ser aplicado inmediatamente" reflexionó.

En el mismo sentido, acotó que "se van a cambiar un montón de cuestiones que hacen base en la sociedad. Los que estamos en el día a día colaborando con los derechos de los consumidores, primero hagámoslos responsables de su parte, que es acompañar en esta situación tan difícil a partir del concepto del esfuerzo compartido. Los empresarios también tendrán que responder de la misma manera".

En cuanto a la conducta empresarial, Librandi opinó que "las grandes empresas de servicios que han tenido grandes ganancias en los últimos años ahora también deberán hacer sus aportes. Entra en la zona de debate el tema de la distribución de la riqueza, y que el aporte de estos empresarios no sea con el concepto proporcional, sino que quien más tiene, mayor colaboración deberá prestar".

Francia, con una serie de medidas impensadas en la trayectoria liberal que venía trazando el gobierno de Macrón, fue pionero en esta especie de regreso al fortalecimiento del rol del Estado, con medidas claramente intervencionistas en la economía.

"En Francia el Estado tuvo un protagonismo central y absoluto en las últimas semanas en las relaciones de alquiler, en las relaciones de deudas, en las relaciones bancarias, muy a favor del inquilino, del deudor hasta tanto se supere este período de emergencia. En Alemania se habla de una nacionalización de su sistema de salir, lo propio en Irlanda" describió el doctor Librandi.

"Es decir, que en sociedades donde se daba por descontada cierta base de funcionamiento de la economía con una actividad privada intocable, ahora se ve claramente que un Estado fuerte toma el eje central de las políticas a partir de su intervención" amplió.

"Cuántos días tenemos de diferencia con Alemania, con Francia, con Irlanda. Esto se va evaluando día a día. El Presidente Alberto Fernández, en su participación en la Conferencia del G20, habló (ayer) de crear un fondo global de emergencia ante el coronavirus. Estoy convencido de que debemos generar algo distinto, más justo, a partir de esta tragedia que vive la humanidad" cerró.