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En los primeros cuatro meses del año, con la marca de fuego de los homicidios de Tamara Bravo y de Graciela Tirador –en diciembre y enero- aumentaron en un 80 por ciento las denuncias por violencia de género. Históricamente se presentaban entre 25 y 30 casos semanales que treparon a 50 tras el crimen de Tirador y ahora volvieron a una meseta que oscila entre 30 y 35 por semana. Así lo planteó la jueza de Familia de Olavarría, María Inés Germino, en una entrevista en la que aseguró que el grueso de las situaciones tienen que ver con "dominación desde el poder económico". Analizó que hay una "voluntad viciada" en muchas víctimas contra la que cuesta batallar porque –indicó- "son quienes nos boicotean las medidas de protección".

-¿Se produjo un quiebre en materia de violencia de género después del crimen de Graciela Tirador?

-En lo social, sí. Lamentablemente no fue la primera muerte ya que antes había ocurrido la de Tamara Bravo y muchas otras. Y tal vez por cuestiones sociales, tal vez por la idiosincrasia, su muerte no generó la misma conmoción social y nadie hizo una marcha. Después sí su nombre y el nombre de anteriores víctimas se incorporó al reclamo. Pero en el quehacer cotidiano nuestro, en el Juzgado, fue un antes y un después. No es un hecho para soslayar que después de casi cuatro años de funcionamiento, cuerpeando las cuestiones de violencia como podíamos, en dos meses hayamos tenido dos muertes. Y eso no es gratuito para una ciudad. Obviamente, para nosotros como juzgado tampoco. Sin perjuicio de ese cimbronazo, durante los dos meses posteriores el cúmulo de denuncias que se sucedió fue terrible. Viajé urgente a La Plata porque había que multiplicar las respuestas y la reacción sistemática a nuestro planteo era "tengo la capacidad operativa colmada".

-¿Cuál fue el incremento estadístico?

-De diciembre en adelante subió más o menos un 80 por ciento. Manejábamos unas 25 a 30 denuncias semanales y trepó a unas 50. Ahora volvió a normalizarse relativamente y estamos nuevamente entre 30 y 35 por semana que, de todos modos, sigue siendo mucho. Yo hablo usualmente con colegas del resto de la provincia, particularmente, Tandil, Necochea, Trenque Lauquen, Junín y tenemos un foro con ellas. Incluso una de ellas, me preguntaba "¿qué está pasando en Olavarría porque durante la feria de enero el grueso de los casos del departamento judicial por violencia de género era de ustedes?".

-¿Fue aumento de casos o de denuncias?

-No lo sé. Creo más bien que fue un aumento de denuncias. Hay muchas denuncias por casos graves, otros de mediana gravedad y también hay algunos que son producto de utilizar la denuncia como método de extorsión frente a un divorcio. Y no estamos preparados institucionalmente para poder absorber las denuncias por un insulto, por ejemplo. Lo que tenemos como estructura lo tenemos que dedicar a las cuestiones más serias y graves.

-¿Cuál es la gravedad usual de los casos en la ciudad?

-Hay casos muy graves de violencia que no han llegado a lo físico. Ahí hablo de violencia moral, psicológica y también de violencia económica. Historias de mujeres que no han podido irse de su casa porque el poder lo tiene él y la dominación la tiene él. A lo mejor nunca le tocó un pelo pero simplemente con una mirada de reojo y el control remoto en la mano, dirige la vida de una entera familia. Obviamente que los que más conmueven son aquellos casos de violencia física. Y en estos dos días tuvimos un logro enorme. Porque hay una gran falencia en la sociedad en la que está muy instalada la pelea, la lucha y el combate a la violencia de género pero falta una adecuación legislativa terrible. Porque no es delito pegarle a una mujer. Como justicia de familia la tenemos que proteger para que nada le pase pero no es delito. Salvo que termine teniendo una lesión grave, como en este caso en el que se produjo un logro que fue la detención de quien la lesionó. A veces nos pasa que tenemos tres o cuatro casos muy paradigmáticos, como en este último tiempo, entonces corremos con la prohibición de acercamiento, otorgamos el dispositivo antipánico y reforzamos con custodia fija y el señor llega, patea la puerta, le pega al policía y se va. Hay casos de profunda perversidad. Y hoy puedo celebrar que revocaron la condicional de este chico que fue detenido ahora pero simplemente porque violó la condicional. Si no, lo tendríamos afuera, en libertad. (La jueza hace referencia al caso De la Llera, publicado en la edición del jueves de EL POPULAR).

-Es decir, se lo detuvo por eso y no por la violencia de género.

-En estos casos, la Justicia Penal no llega o no puede llegar. Tenemos las herramientas para la protección pero cuando la problemática excede la necesidad de una protección y necesitás un castigo, el castigo no llega.

-La violencia de género es estrictamente delito en el momento en que se produce una lesión. Antes de eso no…

-Exactamente. Tenemos un código penal que establece que son delitos hechos como homicidios, lesiones, amenazas pero no hay un agravante cuando eso se produce en el ámbito de la intimidad familiar, por ejemplo. Las medidas de protección solas no alcanzan.

-¿De enero hasta ahora cuál fue el número de denuncias tramitadas?

-En enero fueron aproximadamente 130; unas 200, en febrero; otras 160 en marzo y alrededor de 120, en abril. Es decir, algo más de 600 en esos cuatro meses.

-En septiembre de 2012 usted había hablado en entrevista con EL POPULAR de 735 denuncias…

-Sí, es real. Y esto parece ser una pirámide invertida. Se favorecieron los canales para la denuncia que es como si fuera la base de la pirámide pero después, a medida que vamos avanzando, se nos va achicando y termina transformado en un cuello de botella. Aspiro a que si no surgieran los juzgados temáticos específicos de violencia en la provincia (hay experiencias en La Plata), que se pudiera crear a nivel provincial y municipal un intermedio administrativo. Como si fueran los servicios locales de niñez pero abocados a la violencia. Es decir, que el juzgado quede exclusivamente para la toma de medidas. Que haya intermedios administrativos para hacer abordaje de los casos que sí tienen que estar judicializados.

-¿Y en esos casos puntuales…?

-Los dispositivos de seguridad muchas veces están. Pero lo que es fundamental y necesario es el trabajo con la víctima para ayudarla a saltar el cerco. Y nosotros en eso, tenemos un techo que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. Con una voluntad que está viciada. Y, muchas veces, no podemos ir más allá de eso. Porque son quienes nos boicotean las medidas de protección.

-¿Observa la incorporación del femicidio como figura penal como un freno al femicida?

-Para eso habrá que esperar. Yo recibí la ley con esperanza. Fue muy duro que el primer caso que se caratuló como femicidio en el país fuera de Olavarría. Y hoy por hoy estoy muy preocupada porque en estos últimos dos o tres meses hubo casos muy complicados en Olavarría. Y creo que nos falta una pata más que no sé si tiene que ver con la Justicia penal o con otro abordaje de la problemática, más relacionado con las conductas del agresor. Porque a veces ocurre que todo aquello que se hace, cae en saco roto. Uno pone mucho el hombro, con lo que podemos, con lo que tenemos, pero sé que nos falta.

-¿Cuáles son los casos más frecuentes?

-La dominación por poder económico. Mucha gente que logra irse y vuelve porque termina entrampada. No tienen un modo de vida propio y dependen de él. Y no pueden salir de la trampa. "Con qué les doy de comer a los chicos…", te dicen. Aunque son más shockeantes los casos de violencia física, lo más cotidiano son los casos de dominación, de degradación. Y yo sé que la gente se preocupa mucho por el consumo de estupefacientes pero lo que nosotros vemos mucho es el consumo de alcohol. Está presente en el 90 por ciento de las situaciones de violencia. Leés las denuncias y es una constante. "Cuando no toma está tranquilo…", te plantean. Y es un factor cultural muy importante a tener en cuenta.

-En seis meses desde la incorporación de los dispositivos antipánico ¿qué resultados observa?

-Por empezar, es un recurso limitado. Tenemos en uso 16 porque esta semana se rompieron dos. Los preservamos a casos históricos, paradigmáticos, muy puntuales. Nos sirvió como monitoreo. El municipio nos proveyó de los dispositivos y de un Blackberry desde el que, ni bien se activan, nos entra un mail avisando. Y podemos constatar con el 101 qué pasó. E incluso, nos sirvió porque cuando (los agresores) saben que está, cumple un efecto persuasivo. En los casos en que hubo que accionarlo porque el agresor o el denunciado estaba incumpliendo la medida, ha dado buenos resultados. Incluso, hay un caso muy conocido en el que al chico agresor no se lo podía parar de ninguna manera. Y finalmente, después de infinitas violencias, cuando ella activó el dispositivo sirvió. Si no hubiera sido por eso, no sé cómo terminaba esta chica.

-¿Y qué pasó con él ahora?

-Supongo que en su casa. Hace unos quince días que está tranquilo. El trabajo con el agresor es el gran talón de Aquiles. Y eso, excede completamente lo judicial.