"La realidad no se puede tapar con voluntarismo"
El Gobierno decidió prorrogar la prohibición de despidos a raíz de la pandemia. También extendió la obligación de pagar doble indemnización a quienes decidan reducir sus planteles laborales. En Olavarría, un abogado especializado en la materia y dirigentes sindicales analizaron la medida.
"Mirado del lado de trabajador es una garantía" dijo, pero al mismo tiempo advirtió que "ya empezaron a caer los juicios de la pandemia con indemnizaciones duplicadas y montos terribles; la mayoría de los clientes ya están fundidos y los juicios van a ser incobrables".
"Loma Negra y Techint no van a tener un juicio y se van a cobrar; los arreglan de otra manera. Las que están desapareciendo son las pequeñas y medianas empresas. Cerró el negocio, y el tipo se fundió, ¿a quién le cobra el empleado?" se preguntó Acosta.
"Los mismos abogados laboralistas nos engañaríamos si pensáramos que con esto tenemos un mercado de trabajo, porque yo no tengo un juicio contra Loma Negra, ni contra una fábrica grande, sino contra un comerciante quebrado", alertó.
"Prohíben despedir. Arman una ficción en la relación de trabajo que no se sostiene en la realidad económica, ni es sustentable. No es una solución, son parches de desesperación. Historia de esta Argentina que no sabe afrontar un cambio de paradigma, y en el medio le cae esta crisis del coronavirus", reflexionó.
Dentro de este razonamiento, Acosta indicó que normas así "son un modo de protección contra el empresario argentino, que no es tampoco el de Estados Unidos y el de Europa. Las buenas no las comparte, y las malas las socializa inmediatamente con el trabajador".
"El empresario argentino usa y abusa de las normas. Si no existiera esta normativa hubieran aprovechado para despedir y después igual los hubiesen tomado en negro", evaluó.
Concreto, sobre la decisión del gobierno de Alberto Fernández de prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización (con topo de 500 mil pesos) para los casos de cesantía por todo el año 2021 afirmó: "Mi opinión no cambia, y es la misma de siempre, que la realidad no se puede tapar con voluntarismo".
"Por supuesto que si se mira del lado del trabajador y lo que pide la CGT es cierto que, si no hubiera prórroga, ni hubiera doble indemnización, más allá de la cantidad de despidos que ha habido, hoy se habrían duplicado" aceptó.
"Las empresas que son serias están esperando para reducir plantilla de personal por la crisis y por su situación paupérrima, y las que no pudieron aguantar eludieron la normativa inventando causas", comentó Acosta.
"No te puedo despedir sin causa, invento una: falta de respeto, peleas con un compañero, lo que se me ocurra. El que quiere eludir tiene el artificio legal y después espera el juicio", ejemplificó.
Acosta opinó que este tipo de medidas "alimentan la informalidad" y en ese sentido explicó que "si hoy contratan un trabajador, lo contratan en negro. Sería lo mismo que darles la maquinita para duplicar los sueldos".
"Una medida así tiene sus efectos. A algunas empresas las destroza, a otras las condena a cerrar, entonces indemniza por cierre y eso no se puede impedir. Una firma que podría subsistir manteniendo 12 empleados y sacando a los más nuevos, opta por cerrar porque la ecuación es a pérdida", agregó.
Dentro de esta crisis inédita, que conjuga la herencia de un gobierno que detonó la economía como fue el de Mauricio Macri y la pandemia, Acosta opinó que "el Estado debería seguir insistiendo con la ayuda a las empresas y los ATP, porque prohíbe despedir y manejar la plantilla de personal, entonces lo que menos debería hacer es ayudar a sostenerlas".
La prórroga anunciada anteayer por el Gobierno, en la concepción de Acosta "no incentiva la creación de trabajo formal, eso es clarísimo. Casi el 60% del mercado de trabajo está afuera de la formalidad; con esta norma se protege al sector más protegido y al otro sector no se le da nada".
"Aquí el seguro de desempleo funciona distinto a muchos países. En la Argentina está trasladado al sector privado, con la obligación de mantener ese empleo, en otros lados es el Estado el que se hace cargo pagando los salarios en una crisis y con gente desempleada" cerró.