"No estamos haciendo abortos, estamos haciendo ILE y eso tiene que quedar claro". Las palabras son de la titular de la Asociación de Profesionales de nuestra ciudad, Dra. Alejandra Capriata, y hacen referencia al nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que el ministerio de Salud publicó en el boletín oficial, en los casos que estipula la ley.

"Todos sabemos que esto apunta en salud pública y justicia social a todas aquellas mujeres que no tienen acceso a un sistema de salud seguros para hacer una interrupción del embarazo", dijo la doctora Capriata.

Para la profesional, este es un tema de derechos. "Es para aquellas mujeres que tienen causales de salud profundas que no hay que vanalizar. No hay que minimizar la ILE. Y las causales tienen que ver con lo biológico, con la salud psicológica, social y familiar de esa mujer".

De acuerdo con la actualización, para acceder a la ILE, las personas gestantes sólo deberán pedirla y cumplir con dos requisitos: dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está entre los casos comprendidos por la ley para la intervención.

Entre el pedido y la realización de la práctica no pueden pasar más de 10 días "corridos"; la decisión de quien pide el aborto "es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas". La práctica, además, puede realizarse de manera medicamentosa (la guía brinda más de una opción en ese sentido) o mediante procedimientos instrumentales.

"La política sanitaria debe garantizar el acceso de la población a las mejores prácticas clínicas y de salud pública para promover, prevenir, atender y rehabilitar la salud, así como para velar por la garantía de derechos", afirma el ministro de Salud Ginés González García en el prólogo de la actualización del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Una cuestión de Salud

La semana pasada, Alejandra Capriata participó de un congreso de Gineco-Obstetricia que se realizó en Mar del Plata y que contó con la presencia de destacados profesionales de la salud. Allí, la ILE estuvo como tema de debate. Entre otras cosas, por ejemplo, "el jefe de servicio de gineco-obtetricia del Hospital Pereira Rosell de Uruguay, donde tienen un protocolo más claro que el nuestro, brindó datos respecto de la salud pública que son muy buenos: cero mortalidad materna, cero histerectomías que es sacarle el útero a la mujer pos parto por un aborto mal hecho. Esto habla de un avance en lo que es la salud de las mujeres".

Otro ejemplo que dio la Dra. Capriata es el caso de la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno, donde "llevan 2.500 ILE realizadas y han bajado la mortalidad materna en más de un 60%. Además, se empieza a visibilizar el abuso a menores que viene a ser rozado por la ILE. Aparece en un servicio una nena de 12 años embarazada y uno no piensa que tienen un novio, piensa en un abuso. Entonces interviene la Justicia del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y la fiscalía".

Unas 50 mujeres al año mueren en Argentina por abortos no seguros y hay entre 20 y 25 mil consultas o internaciones pos abortos sépticos realizados en condiciones de salud que no están garantizadas. Los datos son de este año y muestran una realidad que existe y que es urgente comenzar a revertir.

En marzo, una mujer de 30 años murió en Catamarca como consecuencia de una infección generalizada que comenzó cuando intentó abortar introduciéndose en la vagina una rama de perejil. Madre de dos niños, la mujer había llegado a la Maternidad "25 de Mayo" inconsciente y con una septicemia que había comenzado a más de 400 kilómetros de San Fernando del Valle, en la localidad donde había recurrido a un aborto clandestino.

En mayo, una mujer de 31 años murió en la provincia de Buenos Aires tras practicarse un aborto de forma insegura. Falleció por una infección generalizada, tres días después de haber ingresado en graves condiciones al Hospital Pacheco, en la localidad de Tigre.

En junio una joven de 28 años, con dos hijos a cargo, ingresó a la guardia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, con una infección uterina y una hemorragia que la llevó a la muerte siete días después de su internación en terapia intensiva.

Los casos se replican a lo largo y ancho del país. "Hay chicas de 20 años que terminan sacándoles el útero por aborto séptico", expuso la Dra. Capriata.

En este sentido, el nuevo protocolo "llega para afianzar el marco normativo para el acceso a la interrupción legal del embarazo para las causales de salud como violación, la mujer discapacitada mentalmente y las menores de edad porque en menores de 13 años nadie puede dar consentimiento para tener un embarazo con alguien de 26 años, eso queda claro".

Derechos

"Yo trabajo para salvar niñitos", enfatizó la médica pediatra y referente de la Asociación de Profesionales de nuestra ciudad. "Pero el punto está en que esto es un derecho y una cuestión de salud de la población porque las mujeres más pobres no tienen ni posibilidad de decir que no muchas veces a las relaciones forzadas por sus parejas, o por cuestiones culturales o de educación tampoco acceden a métodos anticonceptivos correctos, y tampoco tienen acceso a un aborto seguro. A esas mujeres está destinada la ILE y este nuevo protocolo. Después, lo demás, que tengamos una IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) es otro tema que tuvo media sanción en Diputados pero se rechazó en Senadores".

Muchos no lo saben, pero la Interrupción Legal del Embarazo por causales existe desde 1921 en nuestro país. Las causales son si el embarazo fue producto de una violación, si está en riesgo la salud de la madre. En 2012, además, se suma el Fallo FAL de la Corte Suprema para acceder a este derecho en cualquier hospital, no hace falta una denuncia judicial, con tan solo una declaración jurada afirmando que el embarazo es producto de un abuso sexual, la institución debe garantizar obligatoriamente el acceso a una ILE.

Por otra parte, la Organización Mundial de Salud (OMS) define como "salud" a la "salud integral"; es decir, si está en riesgo la salud física, pero también la psíquica y/o la social de la persona gestante, el acceso a una ILE también es un derecho que ya está legislado.

Por eso, "hay gente que se opone sin fundamentos", dijo Alejandra Capriata al mencionar este cuadro normativo. Y planteó que "si podemos hacer una ILE a una mujer violada o débil mental, cómo no se va a poder hacer a una persona en situación de vulnerabilidad psíquica, social y familiar; es una ambigüedad absoluta desde lo moral".

El nuevo protocolo del ahora nuevamente ministerio de Salud da respiro a profesionales de la salud y a mujeres en condiciones de acceder a una ILE. "Apunta, además, a lo que son los métodos medicamentosos o la Ameu que es la aspiración endouterina temprana y que es una aspiración suave que no interfiere con el útero de la mujer. No se le hace un raspado, entonces es mucho más saludable. Por eso se apunta a fortalecer esta práctica en la atención primaria. Es ahí donde inicialmente se tiene que hacer".

En este sentido, la Dra. Capriata afirma que este nuevo protocolo "tiene como objetivos garantizar derechos, entre ellos los reproductivos".