La noche del espectacular atraco, cuando sólo habían pasado unos minutos de la 1 de la madrugada del 20 de diciembre, por lo menos cuatro individuos -dos de ellos encapuchados y uno vestido con uniforme de la Policía Federal-, ingresaron en la sucursal que la empresa de caudales tenía en capital federal.

Los testigos indicaron que el grupo de hombres armados irrumpió en la firma, obligó a los empleados a quedarse quietos, se llevó dos fusiles FAL calibre 762 mm, dos pistolas ametralladoras, cuatro pistolas Taurus, dos pistolas FM calibre 9 mm, dieciséis cargadores, y el botín, entre pesos y dólares. Según se conoció después, los ladrones ingresaron con la connivencia del custodio Carlos Trillo.

Justamente Trillo fue demorado en ese momento, mientras que dos días después llegó el turno del pai Ides Betancur Martínez. Nacido en Brasil, cayó por el entrecruzamiento de llamados entres dos celulares pertenecientes a otros personajes que estuvieron implicados de alguna manera en el atraco. Sin embargo, para la detención de Betancur fueron vitales los datos aportados por Trillo, detenido ilegalmente y sometido a apremios en la comisaría 32°. De hecho, el ex custodio de la empresa apareció casi cinco meses después del robo ahorcado en la cárcel de Caseros, en circunstancias no aclaradas.

Parte del botín

La Policía fue tras los pasos del pai e incautó en un allanamiento realizado en una vivienda lindera con su domicilio en Sarandí, Avellaneda, 3 millones de pesos. Estaban escondidos en tres bolsas de basura, en una heladera comercial, y los fajos conservaban las bandas con la identificación de Firme SA. "La plata no es mía sino de los hijos de Oxalá (dios umbanda)", argumentó en ese momento el pai ante la Policía, que lo detuvo al instante.

La investigación, con vicios de ilegalidad, fue llevada adelante por el juez de instrucción Pablo Bruno, quien mandó a la cárcel a Betancur por dos años y siete meses. Luego, en un primer juicio, el religioso brasilero, sindicado como el cerebro del robo, quedó libre de culpa y cargo. En parte, por los errores de procedimientos. Y hasta se animó a pedir una suma de dinero que le habían incautado.

En la casa donde vivía Cristian Capuano, otros de los sospechados de ser parte de la banda, la Policía encontró en febrero de 1997 un millón de pesos, también en fajos precintados por Firme, escondidos en una valija debajo de una cama. Él dijo que un amigo se los había dado para que los guardara. Nada creíble para la Justicia, que nunca pudo dar con los 14 millones de pesos restantes.

El juicio y las condenas

En ese primer juicio, que sobreseyó al pai, fue condenado a siete años el único que fue identificado como uno de los asaltantes, Marcelo Lencinas, quien enfermo de sida murió a mediados de febrero del año 2000. En tanto, el tribunal en ese momento pidió el juicio político de Bruno, el magistrado que instruyó la causa, por haber tolerado que la Policía torturara a un detenido para que dijera dónde estaba el dinero. Éste, sin embargo, renunció y asumió un cargo en la SIDE, más allá que su caso llegó al Consejo de la Magistratura.

Luego, llegó el turno de llevar al banquillo a los otros acusados. El 1° de marzo, Cristian Capuano fue condenado a cuatro años de cárcel como partícipe secundario de robo. En su caso los jueces le unificaron la pena con una condena anterior (había atropellado y matado con su auto a dos nenes en el barrio de la Boca) y le impusieron en total seis años de prisión, pero como ya llevaba cumplidos más de tres se benefició con la ley del dos por uno y quedó excarcelado.

También fueron condenados por encubrimiento su madre, Rosa Capuano y su padrastro, Jorge Lema, ambos a tres años en suspenso. Ellos compraron una casa en Adrogué con "un préstamo" de 100.000 pesos que le ofreció Cristian. Dijeron, además, que ignoraban "el origen del dinero" y que tampoco sabían que el joven guardaba un millón debajo del colchón, en la misma casa, allanada. En el mismo juicio recibieron dos años y seis meses Nora Pérez (esposa del fallecido Lencinas) y dos años Ramón Pérez, en ambos casos sin aplicación efectiva.

En el veredicto, los jueces hicieron lugar a tres de las cuatro demandas civiles que Firme entabló contra los acusados. A Norma Pérez le ordenaron que pague 89.113 pesos y a Rosa Capuano y Jorge Lema, los de la casa nueva, 226.836 pesos en conjunto. Sin embargo, todos quedaron en libertad y lo festejaron con gritos, abrazos y lágrimas dentro el tribunal. (DIB)