smelo@elpopular.com.ar

La semana dejó una foto triste: Olavarría excediendo sus propias fronteras en una discusión que se trepa a las camas de la salud pública. Las dirigencias y los trabajadores, en medio de una pandemia que resurgió brutalmente en este otoño, hablan lenguas diversas. Y la salud pública sosteniendo la vida en condiciones extremas. En una ciudad con récord de muertes, con picos de contagios y con el sistema al borde del colapso. En ese contexto, la médica Alejandra Capriata describió en los medios un panorama oscuro que recibió una airada respuesta oficial, en una conferencia de prensa con unas quince personas junto al Secretario de Salud. Guillermo Torremare, abogado de la CICOP -entidad gremial de profesionales de la salud que incluye a parte de los médicos del hospital de Olavarría-, dijo a este diario, con una generalidad que suena a local, que "en estos últimos días estamos viendo que la situación se tiende a agravar dado que ya comienzan a no dar abasto los servicios de salud. Cuando las y los profesionales se animan a advertir públicamente esto, las autoridades los tratan como enemigos y salen a descalificarlos con falacias".

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, el 15% de los trabajadores de la salud se contagió. En un año de pandemia son más de 500 los muertos. El 1% de los fallecimientos totales, en el momento en que se tomó el muestreo, en febrero de 2021.

Apenas días antes de que las autoridades de la ciudad cayeran en la yugular de Alejandra Capriata –una médica luchadora y con una historia extensísima siempre puesta del lado de los más vulnerados- el Presidente decía que el personal de salud se había relajado. Depositando torpemente un porcentaje de responsabilidad del rebrote en aquellos que están física y anímicamente en el límite humano de sus fuerzas.

El presidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, es además, el abogado de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). Entidad a la que está afiliada la Asociación de Profesionales de Olavarría. En entrevista con EL POPULAR, develó los graves problemas por los que transitan los profesionales en medio de la crisis sanitaria.

-¿Cuáles son las presiones laborales que reciben médicas y médicos expuestos a una emergencia sanitaria inédita y qué consecuencias tienen?

-Durante 2020 se vivió una situación de fuerte temor generalizado debido a los contagios y la incertidumbre de sus consecuencias. Hubo muchísimos contagios, obviamente generados en el ámbito laboral. Y las consecuencias de ese contagio fueron fatales en muchos casos. En la provincia de Buenos Aires fallecieron víctimas del covid 250 profesionales de la salud. Pensemos que eran profesionales trabajando, de modo que no estamos hablando de ancianos sino de personas en edad laboral.

Las licencias por enfermedad de los contagiados resintieron los servicios, que ya venían resentidos en virtud de que muchos profesionales fueron eximidos de concurrir al lugar de trabajo por tener alguna patología que los convirtieron en personas de riesgo (uno de los primeros DNU planteó la no concurrencia al trabajo presencial de las personas de riesgo).

Ese resentimiento de los servicios hizo que las autoridades sanitarias, en muchos casos, presionaran a las y los profesionales de la salud con exigencias laborales mayores a las habituales. En algunos municipios fue más visible que en otros. Esto, obviamente, generó algunos conflictos legales relacionados a las condiciones de trabajo.

-En medio de este contexto, hay muchos que confiesan que no están pudiendo sobrevivir económicamente y deciden reclamar. ¿Qué efectos tiene sobre los trabajadores cuando les responden con presiones y, a la vez, son los que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de salvar vidas?

-La mayor incidencia económica de la pandemia en el ámbito hospitalario se ve en casos en que el o la profesional que trabajaba haciendo tareas adicionales a su cargo (guardias y extras en general) tuvo que dejarlas de hacer por ser de riesgo y no poder concurrir, con lo que sólo se quedó con el cargo básico y eso le redujo de manera importante la remuneración.

En términos generales, las y los profesionales trabajan a full y con absoluta responsabilidad, más allá de las condiciones de trabajo y del trato que reciban de las autoridades sanitarias. Tienen claro que lo importante es el paciente. Pero ser maltratado y presionado no sólo genera un ámbito laboral hostil sino que perjudica a los hospitales porque los que son maltratados a la larga terminan yéndose con exclusividad al sector privado, y así es como se resiente la salud pública.

En estos últimos días estamos viendo que la situación se tiende a agravar dado que ya comienzan a no dar abasto los servicios de salud. Cuando las y los profesionales se animan a advertir públicamente esto, las autoridades los tratan como enemigos y salen a descalificarlos con falacias.

Selección y reacción

Torremare, que fue querellante en uno de los juicios por el terrorismo de estado, en la causa de Monte Peloni, analiza los episodios de Olavarría. "Lamentablemente ya se está haciendo una selección de pacientes", dijo Alejandra Capriata y puso un incendio en los despachos de Salud. "En la UTI no se incorporaron enfermeros –sostuvo-; si vos tenés una terapia que está llena, una sala covid que está llena, y te llegan pacientes a la guardia que están casi muriendo y no los podés pasar a terapia, hay una selección, obviamente. Y si tenés pacientes muy graves en sala covid y tenés llena la UTI, ¿dónde los vas a poner? Se está haciendo una selección". Después, la llamaron desde C5N. Y fue la cima de la furia oficial.

Salió luego el intendente Ezequiel Galli por La Red y por Télam. Y se armó una conferencia de prensa oficial con unas quince personas para desmentir a la médica.

"Las autoridades sanitarias y las autoridades políticas siempre quieren hacer ver que hacen todo bien y que la población puede confiar en ellas. Esto es un presupuesto para ganar elecciones. Cuando reciben una observación o una crítica reaccionan mal, negando y, a veces, agrediendo", analiza Torremare. "Vi en los medios de Olavarría cómo se ha agredido a la profesional titular de CICOP por señalar los problemas que tiene el Hospital. Hubieran debido agradecerle las observaciones y ponerse a trabajar para corregirlas, pero optaron -como lo hacen las autoridades en general- por negarlo. El propio intendente, al decir que el Hospital está ‘saturado’ está dando razón a las observaciones recibidas, pero sin reconocerlas". El abogado definió que "ésa es la faceta más odiosa de la política. Después las autoridades se quejan cuando las encuestas muestran crisis de representación y desconfianza en las instituciones".

Desde la CICOP, el presidente de la APDH nacional ve "a diario que la inmensa mayoría de las y los profesionales comparten miradas similares en torno al sistema de salud y sus problemas, pero no todos lo exponen públicamente. Algunos porque no tienen el interés o la vocación para hacerlo y otros porque tienen miedo de las represalias que puedan venir".

"No olvidemos –aclara- que un profesional de la salud que hace observaciones sobre el funcionamiento del hospital está haciendo observaciones a su patrón, y cuando ese patrón es el Estado, es más poderoso aún, porque puede molestarlo en sus condiciones de trabajo y puede sancionarlo, entre otras cosas".

Amargo abril

Olavarría se acerca a los 200 muertos en pandemia. Y este abril terminará superando los 60. Es decir: más del 30 por ciento de los fallecimientos por covid 19 durante el año de crisis sanitaria se produjeron en este mes. La emergencia es feroz.

"En las municipalidades bonaerenses es frecuente que los intendentes intenten silenciar críticas", observa Torremare. "Se ha llegado a casos de sumariar y echar arbitrariamente a quienes han liderado reclamos. De esa manera disciplinan al resto de las y los profesionales, quienes nunca más se quejan y algunos hasta prestan la cara para avalar cosas con las que no están de acuerdo".

"El echado –describe el abogado- que hace un juicio por la arbitrariedad sufrida siempre lo gana y cobra su indemnización… pero a ésta no lo paga el funcionario arbitrario sino el Estado y eso estimula que las arbitrariedades continúen".

A esas arbitrariedades invariablemente las termina pagando la población misma. "Si la gente lo supiera, no sería indulgente y se opondría a esas arbitrariedades" dice Torremare. Y aclara que "no estoy hablando de una situación puntual sino de lo que he visto en mi experiencia de más de 20 años como abogado de Cicop en la Provincia".

Mientras tanto, los trabajadores de la salud –los que son profesionales y los que no- tienen que afrontar un pico imprevisible de la pandemia con los ánimos y los cuerpos diezmados, con salarios demasiadas veces insuficientes, con premios mezquinos en forma bonos por única vez que terminan pagándose en cuotas y alguna de esas cuotas ni siquiera llega. Y con la angustia y la condena guardados para no correr otros riesgos, además de la vida.