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Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, es la responsable del laboratorio del INTA Balcarce, cultiva una conexión constante con los actores de la producción y, a la vez, investiga las consecuencias de ese modelo productivo. Análisis de muestras de agua, suelo y sedimentos en el centro y sudeste bonaerense han desnudado la presencia de plaguicidas que amenazan el ecosistema y la propia vida humana. Estudios hechos en Lobos, La Madrid, Olavarría, Azul, Trenque Lauquen –publicados como artículos en revistas científicas- son ahora, además, información que abona el proyecto en el que participa por Argentina, junto con 28 países europeos. Una buena noticia global: hay casi treinta naciones, representadas por sus científicos, preocupadas por la consecuencia ambiental del uso de agroquímicos. Y decididas a buscar una nueva forma de producción sostenible.

La Argentina tiene 31 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. Un 2,2% del área cultivada total del planeta. Anualmente, se utilizan 500 millones de litros/kilos de agroquímicos: es un sistema que usa venenos para producir alimentos.

El proyecto Sprint, del que participa Virginia Aparicio, abre el abanico científico a la toxicología, la epidemiología y las ciencias sociales. La medicina ha estado bastante ausente en el debate sobre la incidencia de los plaguicidas en la salud humana y ese abanico es una "ventana de esperanza", como la define la doctora en Ciencias Agropecuarias.

La preocupación de los países europeos, dice, no nace hoy. "Hay mucha información publicada, pero lo interesante es que la investigadora responsable del proyecto, en Holanda, tomó la decisión de mezclar (a los científicos) como los mezcló. Para poder interactuar. Yo nunca había trabajado con un especialista en ética. Y cuando una trabaja con poblaciones humanas o tiene que tocar organismos vivos debe que ser muy cuidadoso y cumplir cuestiones éticas".

Los europeos "tienen un plan, ‘De la granja a la mesa’, que planea la reducción del 50% de los plaguicidas que se utilizan en la producción de acá al 2030. Son pioneros en poner umbrales muy bajos para los agroquímicos en el agua del consumo".

En el país

-Ante ese debate, ¿cómo se analiza lo que sucede en la Argentina, cuando se abusa de los pesticidas y el modelo productivo es la columna vertebral de las finanzas?

-Es una preocupación grande y este proyecto es una oportunidad. Se tomarán datos en cada uno de los países y se analizará la concentración en el ambiente, en animales, en los sistemas productivos agroecológicos y en los convencionales, en los vecinos que consumen alimentos, en las grandes ciudades. La idea es borrar la grieta entre un sistema y el otro y poder construir. Cuando se establecen reglas de prohibición, siempre se busca la vuelta para saltarlas. Pero si sentás a una mesa al que produce con mucho agrotóxico, al que vende los productos y también al que consume los alimentos, hay que ser más diplomático y razonable. La puja de intereses es grande en nuestro país en este tema.

-Hay un sector de la producción que niega el problema…

-Estamos buscando productores convencionales; yo trato mucho con ellos. Se sienten un poco intimidados. Antes era una discusión sólo de ellos, aunque era un secreto a voces la cantidad de cosas que aplicaban, pero ahora es de público conocimiento y las comunidades empiezan a interpelarlos. Son poquitos, la Argentina tiene mucha producción pero los productores son poquitos, y se sienten intimidados. Pero aquellos con los que tengo contacto yo, están empezando a involucrarse. Hay una lucecita.

-¿Qué dificultad suma un poder político -donde la grieta se esfuma- que sostiene el modelo productivo como estructural mientras el problema se ha hecho mucho más visible en los últimos años?

-Es una respuesta difícil. Nosotros intentamos generar espacios donde se pueda discutir. Mi experiencia, fuera del Sprint, es que hay productores ocupándose. Los que mandan las muestras de las casas de los puesteros para ver si beben agua con plaguicidas, por ejemplo. Y es verdad que ahora el tema es mucho más visible. Desde el momento en que (Andrés, científico que investigó los efectos de los agrotóxicos en la salud, como director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA) Carrasco fue increpado por todos, hasta hoy, hay un cambio muy importante. No a la velocidad que necesitamos, pero hay indicios: hoy por ejemplo recibí un mensaje de una médica de un pueblo chiquito que tiene muchas dificultades cerca de General Belgrano. Otra doctora me dice que está viendo problemas de crecimiento en los niños, que podría ser por plaguicidas en el agua. Vecinos de Campana me preguntan si se pueden analizar las muestras porque vieron el informe de Lobos. Todo fue hoy. Se está despertando una conciencia comunitaria muy poderosa. Pero esas mismas personas a la vez me manifiestan que son poquitos pero no están todos convencidos, algunos tienen miedo. Que maduren las comunidades en tiempos complejos es muy importante.

En Tandil y en los niños

En un estudio realizado entre 2017 y 2018 en quince escuelas rurales primarias y secundarias de Tandil se encontraron 16 agrotóxicos en el agua y en el suelo. Entre ellos, 2,4D, clorpirifós, atrazina, glifosato y su metabolito, Ampa. Sólo Virginia Aparicio aceptó analizar esas muestras, en tiempos donde la dificultad para desarrollar un trabajo que pusiera en cuestión el modelo productivo era mayúscula. Más mayúscula que ahora.

"Nosotros cambiamos desde el momento en que tuvimos un Estado que decidió establecer un laboratorio con equipamiento de última generación y capacitación para poder llevar adelante los análisis". Antes, recuerda, "mirábamos las moléculas con una tecnología que no permitía leer datos. Ahora tenemos un cromatógrafo líquido en Balcarce". La ingeniera agrónoma aclara: "nosotros no somos una institución de control. Y tampoco tenemos financiación como para hacer muestras para todo el que las pida".

El acceso a los análisis de muestras permite iluminar esta oscuridad: en retazos se pueden comenzar a vislumbrar las reales consecuencias del uso indiscriminado de agroquímicos en el ecosistema (desde la desaparición de un mundo de insectos hasta el peligro que están corriendo las abejas) como en la salud humana: la incidencia en enfermedades como el Parkinson, la disrupción endócrina (irrupción de los químicos en el sistema hormonal), alergias, problemas respiratorios, cánceres.

"Por eso es tan popularmente relevante la investigación de la doctora Delia Aiassa en Córdoba –dice Virginia Aparicio-, porque puso en evidencia la genotoxicidad asociada a los agroquímicos en una población que naturalmente nos sensibiliza: los niños". El daño genético en los niños de Dique Chico pudo perforar, apenitas, el cerco mediático. Y el estudio de Aiassa fue utilizado por el juez Villafuerte Ruzo para determinar la distancia mínima de las pulverizaciones en Pergamino, donde el agua está contaminada de plaguicidas y familias enteras enfermas comenzaron a investigar la causa de sus males.

"Empiezan a surgir muchas más publicaciones sobre el daño en humanos. Habíamos investigado mucho las consecuencias sobre otras poblaciones. Saber del perjuicio en las poblaciones de humanos impacta más sobre los mismos humanos. Pero otros seres vivos forman parte de que nosotros tengamos un buen vivir. Es todo un sistema", dice Aparicio. Carrasco, allá por el 2010, comenzó la investigación en embriones de anfibios y demostró el daño que hacía el glifosato. La ciencia y la política le saltaron a la yugular.

En Lobos y La Madrid

"Fueron eventos diferentes", explica Virginia Aparicio. "En La Madrid el intendente de ese momento y su equipo habían establecido el agua como un bien público y nos consultaron para ver si era posible hacer análisis de las tomas de agua del partido. Cuando entregamos el informe fui y le expliqué a la comunidad los detalles". En La Madrid no existía gran incidencia por su preminencia ganadera.

El de Lobos, sin embargo, "surge por la discusión de las distancias de las fumigaciones en la comunidad. El municipio, por alguna razón, no podía abordar el análisis". Entonces "los vecinos se organizaron, empezaron a averiguar cuánto costaba y armaron una colecta pública". Encontraron en el agua 22 variedades de plaguicidas. "Son muy interesantes estos procesos en los que la comunidad se interesa, aunque el ciudadano común no se pasa todo el día pensando en los plaguicidas que consume… el involucramiento es muy positivo, más allá de que determinadas entidades rurales lo quieran hacer de nuevo porque dudan. Y está bárbaro que duden. Antes no se hablaba".

En Olavarría

El INTA Balcarce no fue convocado por Olavarría como municipio. Pero "durante 2014 hasta 2018 coordiné un proyecto nacional donde estudiamos el proceso de variabilidad espacio-temporal de los plaguicidas y los relacionamos con algunas especies que vimos en los arroyos y la toxicidad sobre esas especies". El trabajo sobre Olavarría (la cuenca del Tapalqué, en realidad) "incluye una propuesta de reglamentar un poco mejor. Olavarría también es menos agrícola. Pero de todas maneras se encontraron plaguicidas".

En el suelo, sedimentos y aguas superficiales se hallaron "herbicidas y el insecticida imidacloprid, que se relacionan con la toxicidad en organismos terrestres y acuáticos". También se detectó glifosato y su metabolito AMPA en niveles importantes. "El alto riesgo crónico en suelos tuvo que ver con los residuos de AMPA e imidacloprid". En aguas superficiales "existía una amplia gama de riesgos crónicos, debido a la atrazina y sus metabolitos y al acetoclor".

En Azul, en 2014, el 66% de las muestras tomadas tenían "al menos un compuesto". La atrazina es el contaminante más abundante y está presente "en el 84% de las muestras de nivel más alto".

En 2018 –relata Aparicio- "tuvimos que parar los proyectos en INTA porque quedamos desfinanciados para investigar y se debió a una estrategia de la dirección nacional de INTA". El ministerio de Modernización (encabezado por Gustavo Arribas, ahora investigado por la Justicia) "amenazaba con reducir la planta de la institución. Entonces se negoció que no se despidiera a nadie a cambio de que la plata que querían sacar del INTA fuera la de los proyectos de investigación. Nos quedamos sin posibilidades de trabajar pero con todos a bordo, al menos hasta que llegó una nueva temporada favorable para la ciencia y tecnología nacional que se está reconstruyendo, lentamente".

La medicina y los agroquímicos

-Ahora que hay más contacto con los médicos, ¿cómo puede analizarse la reacción de la medicina, cuando las víctimas de los plaguicidas no tienen en su mayoría una certeza de que su enfermedad tenga ese origen ni existen historias clínicas ambientales?

-Me pasaron este año dos o tres cosas. Las historias de las médicas que te conté, un estudio en Mar del Plata entre las mujeres embarazadas que viven cerca de campos donde se aplican productos; hay un congreso ahora de Toxicología Humana e invitaron a presentar datos sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente. Es como una ventanita que empieza a asomar. Es una deuda enorme que tiene la toxicología. A mí me invitan a hablar de lo que yo aprendí. No les puedo hablar de cuestiones que tienen que ver con los humanos. Y muchos pueden pensar que si no tenés contacto con los productos no te vas a enfermar pero hay que tener conciencia de la cantidad de contactos que tenés.

-De lo que comés, del algodón que usás, del tampón que te ponés…

-Con el tema de los tampones, cuando el equipo del doctor Damián Marino (el científico que realizó el estudio en La Plata) empezó a hablar de la presencia de glifosato en el algodón rápidamente tomamos de los gabinetes del área los paquetes de algodón y empezamos a observar si el problema era en todos o sólo en La Plata. Había en todos. Nos pusimos en contacto con el director de ese momento de los Cultivos Industriales y él también se puso rápido a buscar por qué algunas marcas parecían tener plaguicidas y otras no. Nosotros intentamos ser activos, aunque eso no sea público. Trabajamos con el sector productivo y lo alertamos para que no se sigan haciendo prácticas perjudiciales.