El Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires informó que, por disposición del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Olavarría, se llevó a cabo en la localidad de Recalde un remate público solidario de 253 animales que personal de la Subsecretaría de Calidad Agroalimentaria secuestró en octubre pasado.

El remate fue organizado por Lartirigoyen y Oromi SA, siendo fiscalizado por personal del Ministerio y la jueza interviniente en la causa, María Hilda Galdos. Asistieron más de 65 compradores, que pujaron para la compra de las 253 cabezas -en su mayoría vacas, vacas con crías, vaquillonas, terneras, novillitos, terneros, y toros- cuyo producido, 2,7 millones de pesos, deducidos los gastos, se depositarán en una cuenta judicial creada a tal efecto.

De esta manera, culminó un proceso de 6 meses y se dio solución a una situación de hacienda clandestina que perturbaba a una comunidad y que se originó por una denuncia realizada por el encargado de "Estancias Unidas del Sud", que se quejó por la presencia ilegal de los animales que tras romper alambrados, ingresaban a los campos y destruían los cultivos.

En el momento del secuestro, los animales habían sido pelados y no tenían marcas previas ni de propietarios, por lo que estuvieron a resguardo de la Patrulla Rural de Olavarría. Vale señalar que el total de hacienda incautada en aquel entonces fue de 277 cabezas y el ingeniero Alejandro Giaquinta, director de Blanca Grande, se encargó del cuidado de los vacunos en este tiempo, pero algunos de ellos, inclusive algunos terneros nacidos durante el período de secuestro murieron.

Quedaron sin vender una decena de terneros hembra que fueron trasladados a una chacra experimental de Blanca Grande. Se estima que estos vacunos formarán parte de la próxima subasta que se realice en esta feria.

Estuvo presente en el remate la jueza local María Hilda Galdós, titular del juzgado en lo Civil y Comercial N°2 de Olavarría, que intervino en el proceso que derivó en la subasta pública; junto a otros miembros del área. Se acercó también el delegado municipal de Recalde, Carlos Fernández; en tanto que personal policial realizó tareas de prevención.

Precisamente el artículo 161 de esta ley dispone que "del monto obtenido (en la subasta) dispondrá el pago de lo que se adeude en concepto de alimentación, cuidado de los animales y gasto de remate. El resto quedará en depósito judicial por el término de un año para su entrega a quien lo reclamase acreditando su derecho; en caso negativo, ingresará a rentas generales de la municipalidad local".