En tanto, el Instituto de la Vivienda de la provincia mantuvo una reunión con los adjudicatarios del barrio la semana pasada en la localidad serrana donde anunció su intención de efectuar una primera entrega de casas en el mes de octubre.

Con las firmas de los 10 imputados en el caso, sus defensores del Fuero Civil, el representante del Instituto de la Vivienda de la Provincia, el olavarriense José Gervasio González Hueso, y el abogado de la Fiscalía de Estado, Alfredo Callejo se definió en marzo el proceso de desalojo pacífico el mismo día que iba a desarrollarse la prmera audiencia del juicio oral oral en el Juzgado Correccional. De esa manera se suspendió el juicio penal y se fijó una audiencia para los días 2 y 3 de septiembre a fin de darle continuidad.

El acuerdo entre las partes constaba de 9 puntos y expresaba la intención de los imputados de abandonar la ocupación de las viviendas. Para el momento del proceso oral quedaban cinco casas ocupadas. Son las mismas que hoy siguen habitadas en forma ilegal.

Desde la Provincia, se informó ayer a EL POPULAR que si bien hasta el momento se recibieron oficialmente solo dos pedidos de prórroga, se entendió que todos los ocupantes hicieron uso del beneficio establecido. El documento firmado indicaba los acusados tenían hasta el 17 de junio para irse y ese plazo se podía extender hasta el 17 de octubre. En el convenio se dejaron aclaradas las pautas a seguir para solicitar la extensión del plazo y también que es "improrrogable" la segunda fecha. En un apartado se expone que los inmuebles deben entregarse "libres de personas y cosas". En ese momento se hará "un acta de entrega al Instituto de la Vivienda, quien tomará posesión del inmueble desde ese acto", se señaló en el acuerdo.

"Tengo que reconocer que los defensores, el fiscal y el sindicato, todos los que hemos trabajado, queremos que el desalojo sea pacífico. Ese objetivo está casi cumplido" expresó González Hueso el 17 de marzo a este Diario al cierre de las audiencias en el Poder Judicial local. Hoy las viviendas siguen ocupadas y mientras tanto el Instituto de la Vivienda busca llegar a las entregas definitivas a los adjudicatarios en el corto plazo.

El caso había dado inicio a fines de enero de 2012 con la toma de cuatro propiedades, pero rápidamente se amplió el conflicto y todas las casas fueron ocupadas. En total eran 24 unidades iniciadas. Las obras de construcción estaban paradas y no había certezas sobre la finalización. Con el correr de las semanas, casi todos los usurpadores abandonaron la medida y quedaron 6 familias que eligieron permanecer en 6 casas. A poco del arranque del juicio penal otra casa fue desalojada, con lo que son en total 5 familias las que llegaron al acuerdo.

El proceso judicial avanzó y en cada paso, tanto la Justicia como el Instituto de la Vivienda y la Federación de Químicos, entidad impulsora del barrio, ofrecieron a los ocupantes abandonar voluntariamente las casas para evitar el desalojo forzoso.