Una empleada del Hospital Municipal fue cesanteada después de un sumario administrativo -que tuvo su correlato judicial- por el manejo irregular de los pagos de los exámenes psicofísicos a choferes. Los hechos por los que fue acusada ocurrieron a lo largo de 2017 y la sanción se dictó en febrero de este año, aunque EL POPULAR pudo acceder ayer a la medida.

A través del informe de la Dirección de Auditoría de la Municipalidad se comprobó que a raíz de esas irregularidades en el Sistema de Evaluación Psicofísica el Municipio fue perjudicado en 157.840 pesos.

Con la firma del intendente Ezequiel Galli y los secretarios de Gobierno y de Salud, Ernesto Cladera y Christian Waimann, respectivamente, se dispuso la "cesantía" de la agente "a partir del día 18 de febrero de 2019 por haber incurrido en incumplimiento de las obligaciones y deberes" de la ley 14.656 del Régimen de Empleo Municipal. "Las faltas administrativas resultan determinantes para la imposición de la sanción" dice el decreto 684.

A su vez, se aclaró que se aguarda la definición del Tribunal de Trabajo de Olavarría en relación al "procedimiento sumarísimo de exclusión de las garantías sindicales" que se aplicó sobre la acusada.

El proceso administrativo se inició en agosto de 2017 y paralelamente se sustanció una denuncia penal por "defraudación por retención indebida" en el marco de la UFI Nº 10 local.

El caso

La investigación se centró en la percepción y rendición de la tasa por los servicios prestados en el Sistema de Evaluación Psicofísica en el Hospital por parte de la acusada. También se incluyó la rendición del canon que los choferes deben abonar a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) al realizarse los estudios.

Inicialmente, se halló que durante el mes de julio de 2017 en el área a su cargo hubo 41 turnos otorgados por los cuales no se generó la tasa municipal correspondiente en el sistema informático del Hospital. Las averiguaciones avanzaron en controles sobre los turnos otorgados, las tasas generadas y los ingresos percibidos, y sobre los responsables de cada una de esas tareas.

En el sumario se comprobó que "se alteró el circuito habitual de cobro de las tasas para el examen psicofísico, ya que la administrativa (...) recolectaba el dinero de los choferes y los llevaba personalmente a la caja", acción para la cual no tenía autorización. La acusación contra la agente fue de "modificar la cantidad de choferes que realmente realizaban el examen psicofísico, ingresando a la caja los pagos que los mismos hacían pero en menor cantidad, reteniendo indebidamente el resto del dinero percibido". Los pagos irregulares se detectaron tanto sobre la tasa municipal como el abono a la CNRT. Éste ultimo fue cubierto por el Municipio.

El proceso incluyó numerosos informes, toma de testimonios a más de 20 empleados y autoridades de las áreas involucradas, además del control sobre los datos generados a lo largo de 2017 en los sectores afectados. A su vez, se contactó a choferes que acudieron al área quienes confirmaron la modalidad de pago, "sin pasar por el sector de cajas y sin obtener ningún recibo".

Los informes expusieron que entre febrero y agosto de 2017, en el Sistema de Evaluación Psicofísica se otorgaron 1.450 turnos por los cuales se emitieron 1.359 tasas. Hubo 87 turnos sin tasa emitida, que a razón de 1.400 pesos cada una, supone un faltante que supera los 120 mil pesos. A su vez, se informó de 137 cánones de la CNRT impagos que alcanzan a poco más de 52 mil pesos, los cuales fueron pagados por la Municipalidad al organismo nacional.