Comerciantes instan a regular actividad de supermercados chinos
Ante la sostenida pérdida de rentabilidad, comerciantes locales plantean su preocupación debido a la proliferación de supermercados chinos y demandan al Municipio y a la Provincia la sanción de ordenanzas y de leyes para evitar mayores "perjuicios". En ese sentido, se deja en claro que los cuestionamientos no se basan en fundamentos raciales, sino en "defensa de las economías regionales y preservar los niveles de empleo".
Esa inquietud había sido expuesta en Olavarría días atrás por referentes del espacio sindical Gremios Adheridos y ahora desde la Federación de Entidades de Autoservicios, Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), mediante un comunicado, se brindan argumentos en favor de regular la actividad de los supermercados chinos, donde se plantea que "frente al prurito o temor de que cualquier norma u ordenanza que reglamenten la libertad de comercio serían inconstitucionales, estas afirmaciones revelan falta de voluntad política o pereza intelectual para interpretar" lo establecido en la Constitución.
En ese sentido, Carlos Bianchi, vocal titular 1º de FABA, señaló que "en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires las cámaras comerciales, centros de almaceneros y entidades intermedias vienen reclamando una legislación en los municipios para regular la proliferación indiscriminada de comercios minoristas, incluyendo a los de procedencia oriental".
De esa forma, establece que la entidad "fija una posición concreta que puede servir -e incluso trabajaremos para ello- para que los municipios sancionen en lo posible ordenanzas que incorporen la doctrina que sostenemos frente a esta problemática", con el objetivo de "permitir que la actividad tenga mayor desarrollo, teniendo en cuenta que es el sector que brinda mayor inserción de mano de obra y proporciona el ingreso de sumas muy importantes a los erarios municipal, provincial y nacional", subraya.
El titular de los almaceneros locales recalcó que "el Estado debe atender los reclamos y evitar consecuentemente el perjuicio generalizado frente a una situación complicada por la recesión, la falta de rentabilidad, altos costos operativos, impuestos confiscatorios y la falta de acuerdos programáticos permitiendo que se salve quien pueda".
