Cacho Fernández

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El tema parece particular, pero en un contexto de crisis como la que se está viviendo puede llegar a ser más general que la pandemia.

"Se podrían venir infinidad de casos similares", dijo el doctor Jonatan Oliva, integrante del estudio jurídico Sergio Roldán y asociados, quien está patrocinando a trabajadores de la estación de servicio ubicada en avenida de los Trabajadores y Pringles.

"Somos abogados de (Carlos) Castro y de un grupo de trabajadores que están pasando la misma situación de Castro, un trabajador que tiene hoy casi cuarenta años de antigüedad y que viene trabajando para la firma Unión Pasali SA quien administraba dicha empresa". Añadió, casi como un amargo vaticinio de lo que puede llegar a ocurrir que "muchos empresarios aprovechan la situación y simulan crisis para reducir personal cosa que esta expresamente prohibido por el decreto presidencial 329/20", añadió el letrado.

La firma anterior (hoy la empresa tiene otros propietarios) "se declaró en concurso preventivo de crisis en 2017, y entre 2018 y 2019 despidió a tres trabajadores. En tanto, los playeros seguían trabajando y habían formando de facto una cooperativa para conservar su empleo. Los nuevos dueños compran el establecimiento y pasan a ser solidariamente responsables de las deudas devengadas. Son los que imparten órdenes, pero es el antiguo empleador el que les manda un telegrama de despido y le allana de ese modo el camino a los nuevos dueños", dijo el doctor Oliva en "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.

El caso parece complejo y podría confundirse con una maniobra, pero lo trágico de todo esto es que detrás están los trabajadores, uno de ellos con 38 años de antigüedad laboral y que no se les habría reconocido ninguno de ellos, tampoco su indeminización. Por eso es que el doctor Oliva sostiene que "es un caso delictual" y anticipó que lo llevaría a la Justicia y a ese fuero.

"Maniobras"

Para el doctor Oliva, aquel telegrama de despido que le envió la firma anterior a Carlos Castro "es nulo, porque además invoca el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y que estaba expresamente prohibido despedir o suspender por decreto presidencial".

El abogado dijo que se lo había acompañado al trabajador a su lugar de trabajo porque "se lo podría haber acusado de abandono de trabajo. Tiene casi cuarenta años de antigüedad y ante una disminución del empleo, se debe suspender o despedir a quien tiene menor antigüedad. Por lo tanto, desde el Estudio creemos que hay una gran discrecionalidad e irregularidades por donde se lo mire. El día en que nos presentamos con Castro, había dos playeros más. Es decir, no se había cumplido con el decreto presidencial y había habido actos de simulación o maniobras espurias, pero lamentablemente van a haber olas de casos como éstos. Precisamente nosotros denunciamos esto que vemos como una simulación y consideramos a su vez que habría habido un vaciamiento de empresa. Unión Pasali SA no respondió a las presentaciones y nosotros ahora queremos que los nuevos dueños se hagan cargo de las deudas devengadas que son laborales. Quienes tienen que responder por la situación de estos trabajadores son los nuevos propietarios que son los que se deben hacer cargo de las deudas laborales, esto es, las indemnizaciones que les corresponde a los trabajadores", sostuvo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.

Preguntado sobre el rol del gremio (Soegyspe), frente a semejante caso, para el abogado "hubo un déficit de quienes debían representarlos", disparó.

Toda una vida

Pero, qué dice Carlos Castro Varela, este playero que trabajó durante casi cuarenta años en esta estación de servicio. "Trabajamos toda la familia. hubo un asalto y recibí un balazo y me cortaron el nervio principal y me recuperé en 2010. Volví al trabajo. En un momento, hace siete meses, creí que iba a cerrar y que nos iba a indemnizar. Cerró y comenzó el conflicto", dijo el empleado en "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.

Criticó duramente al gremio porque les habría dicho que él se encargaría de solucionarlos. "Íbamos los ocho empleados al gremio pero en un momento, el contador de los nuevos propietarios entró en relación con el titular del Sindicato. Nosotros queríamos que nos paguen los sueldos atrasados y el aguinaldo. Le pedí al contador que me reconocieran aunque sea la mitad de la antigüedad. Estoy reclamando eso, pero el gremio no hizo nada por nosotros. No nos pagaron nada y tuvimos que ver a un abogado para que pudiéramos cobrar". La pelea entonces viene desde hace 7 meses "y el gremio siguió sin hacer nada". Lo que sigue ya es tema de la Justicia, laboral o penal, como dijo el doctor Oliva, pero ya es un tema que corre a la par de los tiempos judiciales. "Tengo mucha bronca", admitió Carlos Castro, y con mucho dolor porque le dio casi cuarenta años a una empresa que le respondió de esa manera.

El caso, en tiempos de pandemia y de crisis económica puede ser que se repita infinidad de veces. Las víctimas serán obviamente los que menos tienen pero los que más tienen para perder, es decir, los trabajadores.