La decisión de Alberto Fernández de cerrar todo, incluso las escuelas, avanzando sobre la autonomía de Capital, encendió la mecha y la bomba está por explotar.

El kirchnerismo buscó sacarlo de las casillas a Rodríguez Larreta para meterlo de prepo en el barro de la grieta. El paso siguiente fue el de enviarle desde el PAMI una nómina de afiliados, unos cinco mil, que contenía algunos fallecidos. La Ciudad, tomó en cuenta esa nota que ya venía con esos errores de la obra social de los jubilados y pensionados y los incluyó en la turnera para vacunarlos. De inmmediato, el oficialismo lo acusó de ello y Rodríguez Larreta le devolvió la acusación al pedir información si el Pami estaba pagando cápitas de salud por los fallecidos.

Entonces, la guerra empezó con la presencialidad y ahora el Gobierno Nacional le agrega el caso de los jubilados. Larreta debe apelar al estoicismo que ni Zenón de Citio ni Antístenes llegar a sostener para poder sobrellevar esta arremetida obsesiva e interminable de Alberto Fernández y Axel Kicillof.

El abogado y ex senador, Dalton Jáuregui, ante el decreto presidencial y tomando en cuenta el tema autonomía, instó a "respetar la Constitución Nacional", tras lo cual dijo que "mientras la Corte se toma su tiempo para resolver, queda en pie la presencialidad".

En abstracto

Jauregui hizo una crónica de esta polémica y enumeró: "por el DNU suspende la presencialidad e invita a las provincias a adherir porque dice que tiene datos que avalan esta suspensión. el decreto no pasó por el Congreso como debió haber sido, y en el medio algunos vecinos acuden a la Justicia para reclamar por la presencialidad. Un fallo intima a la Ciudad y obliga a que vuelvan las clases presenciales. Posteriormente, y luego de que la CABA presenta un recurso para que decida la Corte Suprema, ésta se declara competente y posiblemente esta semana puede fallar" apuntó coincidiendo con lo dicho por el doctor D’Alessandro.

El riesgo para el Gobierno sería el que si la Corte confirma esa facultad de la Caba de resolver estos casos, el fallo podría tener un efecto dominó y los gastronómicos podrían hacer lo mismo y reclamar por el fin de las restricciones en bares y restoranes.

En tanto, D’Alessandro, con el voto de cuatro de sus cinco integrantes, "le dio status de provincia a la CABA y le dio al Gobierno Nacional cinco días de plazo para que acerque los datos que fundamente la norma de prohibición. Este luns podría resolver la Corte porque si espera más tiempo sería una resolución en abstracto".

Señaló además que el Gobierno había conseguido algo netamente formal como que mientras esto se resuelve en la Justicia no se le ponga la falta a los chicos, tras lo cual ironizó: "lo que faltaría ahora es que se deje a alguien libre por no ir al colegio". La educacióm Argentina parece debatirse entonces entre la presencialidad y la autogestión, porque la virtualidad, en el nivel primario, no habría arrojado resultados satisfactorios.

Pero además. advirtió que el gobierno todavía no le envió el DNU a la comisión respectiva para que lo valide. por lo tanto, aún no está aprobado como indica la Constitución.