El informe anual de la Comisión por la Memoria 2022, expuso que "se detectaron graves violaciones a los derechos humanos de los 26 jóvenes alojados de entre 14 y 18 años" en lo que fue Cumelén, la comunidad terapeútica de Olavarría que cerró hace casi un año. 

Se detectaron "vulneraciones relacionadas con aislamiento, incomunicación, sujeción mecánica, sobremedicación, tercerización de la violencia, irregularidad de las historias clínicas, falta de monitoreo y control de legalidad, fallecimientos. Se incumplen las normas internacionales, nacionales y provinciales en materia de niñez, como también las normativas de tratamiento que despliega la ley nacional de salud mental" se indicó en el informe que consta de más de 800 páginas, y describe situaciones en distintas instituciones de encierro en la Provincia de Buenos Aires, tanto públicas como privadas. 

Marcaron con fuerza que "los ejemplos más visibles de excesiva medicalización se encontraron en la inspección a la comunidad terapéutica Cumelén".  

La sobremedicación como medida disciplinaria 

En el mismo informe, explicaron que "muchas veces la medicación es suministrada como medida disciplinaria o mecanismo ilegal y tortuoso para mantener la sumisión dentro del dispositivo. Más allá de tratarse de un ejemplo de tortura, múltiples estudios dan cuenta de los graves efectos que esto tiene". 

En conclusión, "las comunidades terapéuticas son dispositivos que deben ser monitoreadas de manera rigurosa para que adecuen su funcionamiento a las normas de salud mental. Pero, además, debe realizarse un trabajo exhaustivo para que cumplan con los derechos de Niños, Niñas y Jóvenes, dado que el régimen de vida que prima en las comunidades los afecta especialmente y con mayor gravedad". 

El 9 de agosto del 2021 el programa de Salud Mental inspeccionó la comunidad terapéutica Cumelén de Olavarría, que estaba habilitada por el Ministerio de Salud para su funcionamiento como establecimiento asistencial de deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y reinserción de pacientes drogodependientes, con una capacidad para 31 personas. Allí se detectaron graves violaciones a los derechos humanos de los 26 jóvenes alojados de entre 14 y 18 años. 

Expusieron además que tras la inspección del 2021, constataron que "todos los jóvenes atravesaban el mismo mecanismo de intervención independientemente del grado de problema con el que ingresaron a la comunidad".

Criqueaban

Si los jóvenes se negaban a tomar la medicación eran violentamente forzados: los operadores los criqueaban (se sujeta fuertemente de los brazos presionando en la espalda, lastimando e inmovilizando). La medicación no era utilizada con fines terapéuticos sino como castigo, para suplir la falta de personas cuidadoras y como una herramienta de sumisión frente a las vulneraciones de derechos que allí se cometían. 

El suicidio de un niño de 13 años, un mes antes de la inspección

Tampoco se había trabajado la posvención frente al suicidio de un niño de 13 años en la institución, ocurrido el 14 de julio de 2021, indicaron en el informe. 

Se observó también, según la Comisión por la Memoria un deterioro edilicio en todas las instalaciones. Los espacios eran húmedos y fríos, incluso donde había un precario sistema de calefacción. Los jóvenes entrevistados relataron que la calefacción se apagaba luego de que se dormían, por lo cual la temperatura por la noche era muy baja. Los baños eran escasos en relación a la cantidad de jóvenes alojados, estaban averiados y carecían de la higiene adecuada. El agua caliente era insuficiente y los últimos jóvenes terminaban bañándose con agua fría. 

En el informe además sobre el estado de las instalaciones, contaron que "las habitaciones tenían las puertas rotas y/o sin picaportes. Los jóvenes no tenían espacios de privacidad e intimidad para guardar sus pertenencias porque los roperos no tenían puertas. Tampoco podían tener pertenencias propias, como anotadores, que no revisara el personal de la institución. Durante la inspección se observó que los jóvenes estaban vestidos con ropa rota, sucia e inadecuada para las bajas temperaturas propias de la época invernal. Muchos no tenían vestimenta propia sino ropa proveniente de una especie de ropero comunitario, por lo cual no era de su talla. Esta situación los afectaba por la imposibilidad de utilizar la vestimenta como eje de construcción identitaria en relación a su etapa subjetiva, obturando la heterogeneidad propia de cada joven. Había niños calzados con ojotas, y quienes tenían zapatillas no estaban autorizados a usar cordones como supuesta medida de prevención de suicidios, y caminaban incómodos". 

Muchos jóvenes refirieron pasar hambre

La dieta alimentaria no era balanceada y no brindaba carne o frutas en cantidad suficiente. Muchos jóvenes refirieron pasar hambre y que no se les permitía acceder a una segunda ración de comida porque "están gordos", según dichos de la nutricionista humillando y reforzando estereotipos. Un hecho de extrema gravedad es que se encontraron alimentos con fecha de vencimiento en 2019. 

Régimen de vida similar como si estuvieran presos

De las entrevistas se desprende la existencia de un régimen disciplinario restrictivo, ya que las sanciones se aplicaban arbitrariamente según criterios que ningún joven conocía. Las violencias padecidas dan cuenta de un régimen de vida semejante al penitenciario y violatorio de los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes. Los jóvenes alojados en Cumelén padecían torturas constantes materializadas en vigilancia excesiva, sobremedicación, violencia física y verbal, estigmatización y condiciones inhumanas de alojamiento. 

Más detalles y el informe completo, lo podés leer acá