Insistió con que el informe lo debe presentar Defensoría en el Juzgado de Garantías tras la denuncia hecha por el Municipio por presunta usurpación de los terrenos ubicados en esa zona.

"Está basado en una serie de datos estadísticos elaborados por Desarrollo Social de la Nación, su similar de Olavarría y la dirección de Habitat provincial. sobre unas 130 personas que ocuparon las tierras que para el Intendente estaban "cometiendo un delito", respaldándose en aquel apotegma de Juan Domingo Perón de que "dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada". El jefe comunal apeló de ese modo a los juicios que utilizó el gobierno de la Provincia cuando se tomaron los terrenos de Guernica. En ese entonces también se califió a esa acción como un delito.

Si bien refirió que "dos líderes de la toma pertenecen a grupos de izquierda", con lo cual le adjudicó algún "perfil político" al hecho, también dijo que "son emergentes de una crisis política y económica nacional que afecta a muchas familias, pero desde hace tiempo que están atendidos por el Municipio en su gran mayoría".

El día que fueron con los representantes de Provincia y Nación se hizo un relevamiento y "vimos que no son propietarios, viven en viviendas prestadas o alquiladas el 90 por ciento de ellos por lo que no existe nadie en condición de calle", reafirmó.

El informe

Cabe recordar que el Intendente no dudó un instante en denunciar la toma como un "delito", y por dos cosas, porque a su juicio "está fuera de la ley" y sabiendo que con el antecedente de como se expresó la Provincia con los hechos de Guernica, no habilitaría al oficialismo provincial a utilizar políticamente el caso de Olavarría.

Además, Robbiani responsabiliza directamente al gobierno nacional de la situación económica y la carencia de viviendas al decir que quienes ocuparon las tierras cargan el peso de la situación económica y "son las consecuencias de la situación económica nacional".

Calculó que serían unas 130 personas y que "no las están ocupando permanentemente a las viviendas. No hay construcciones y solamente han colocado estacas y mojones. Ahora, con este censo, una vez que la Defensoría del Pueblo presente estos datos en el Juzgado de Garantías, será la Justicia la que resuelva este tema. Pero, -aclaró- no viven permanentemente allí, no se han instalado y han puesto algunas estacas y mojones. Pero son terrenos que no se pueden utilizar porque toda esa zona es un bañado, un lugar de escurrimiento hídrico. Son terrenos muy bajos y modificar la cota comlicaría a todos los barrios de alrededor".

Según recordó, un día comenzaron a aparecer los "usurpadores" y fue la misma gente de alrededor la que alertó sobre esto. "A los pocos días se fueron sumando gente que venía de otros barrios y ciudadanos bolivianos que emigraron al país en plena época de pandemia. Frente a una usurpación deben intervenir Defensoría del Pueblo, Desarrollo Social de la Nación, Habitat de Provincia, la Secretaría de derechos humanos provincial y con ellos hicimos estos censos de los que surge que no hay gente en condición de calle aunque si de hacinaniento familiar. Si bien están padeciendo la situación económica nacional, no están en condiciones de calle. Del informe presentado no surge ello. Desde hace mucho tiempo que en el país hay problemas de vivienda, dificultad para ser propietario, para alquilar, para sobrevivir día a día, pero no hay personas en situación de calle. Pero la gran mayoría están atendidas por el Estado con alimentos y ayuda social".

El informe fue confeccionado por todas estas dependencias y ahora, una vez que la Defensoría del Pueblo lo presente en el Juzgado de Garantías, "será la Justicia la que deberá resolver".

Quienes ocuparon los terrenos están allí desde hace casi tres semanas aproximadamente y la posición del Municipio es la que tuvo desde un comienzo, esto es, la de calificar la acción como "un delito", y, como subrayó Robbiani, "debe ser la Justicia la que lo resuelva".